La estación depuradora de aguas residuales de Ubrique, ubicada en la comarca de la Sierra de Cádiz, presenta un funcionamiento deficiente que está provocando el vertido continuado de aguas contaminadas al embalse de Los Hurones, una infraestructura destinada al abastecimiento urbano de agua potable para más de 800.000 personas. Esta situación se ha visto agravada por incumplimientos reiterados de los límites legales de vertido de nitrógeno total en zonas calificadas como sensibles, así como por vertidos sin depurar al arroyo de los Cidrones y al río Ubrique.

El comunicado remitido por Ecologistas en Acción y AMA Natura indica que "la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ubrique ha venido incumpliendo de forma reiterada los límites legales de vertido de nitrógeno total establecidos para zonas sensibles". Además, se señala que estos vertidos comprometen tanto el equilibrio ecológico de su entorno como la calidad del agua que fluye hacia el embalse de Los Hurones, clasificado como zona sensible por estar destinado a consumo humano.

En cumplimiento del Real Decreto 509/1996, que adapta la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, las aglomeraciones superiores a 10.000 habitantes equivalentes están obligadas a aplicar límites estrictos a los niveles de fósforo y nitrógeno total cuando los vertidos se dirigen a masas de agua sensibles a la eutrofización. El documento recalca que "estos límites coinciden, en este caso, con la autorización de vertidos de la EDAR de Ubrique".

Según los datos aportados, el agua tratada por la instalación debería someterse a un tratamiento terciario para poder cumplir con la normativa vigente. Sin embargo, los análisis realizados por la Junta de Andalucía revelan que los niveles de nitrógeno total en el efluente superan los 15 mg/L permitidos por ley, y que el fósforo total también excede los 2 mg/L fijados para este tipo de instalaciones durante el año 2023.

Otro de los parámetros clave que incumpliría el Real Decreto 509/1996 es el de los sólidos en suspensión. De acuerdo con los datos de 2023, "varias muestras incumplirían tanto en concentración (35 mg/L) como en porcentaje de reducción (90 %)". Esta situación evidencia, según los colectivos ecologistas, un fallo generalizado en los procesos de depuración actuales.

La entidad denunciante también subraya "la falta de transparencia de la Junta de Andalucía", ya que, a pesar de haber transcurrido más de medio año, aún no se han publicado los datos de los análisis correspondientes a 2024.

El mal estado de la depuradora está reconocido por el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ubrique. Según el texto del plan urbanístico, “la EDAR de la población de Ubrique precisa de mejoras para garantizar un funcionamiento correcto de las instalaciones, y para cumplir con la legislación sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas”. El documento añade que “la EDAR necesita una serie de mejoras con objeto de implantar un sistema de tratamiento que pueda garantizar que el efluente pueda cumplir con los límites de vertido correspondientes a nitrógeno y fósforo para zona sensible”, planteando por tanto la “renovación de la mayor parte de los equipos”.

El impacto ambiental derivado de esta situación es visible en el cauce del río Ubrique. Según señala el comunicado, "el río Ubrique presenta un aspecto lamentable, con aguas negras eutrofizadas y pestilentes, con el consiguiente perjuicio para la biodiversidad de este río protegido y para la salud de las personas".

A pesar de que tanto el Ayuntamiento de Ubrique como la Junta de Andalucía conocen la existencia de estos vertidos sin la depuración adecuada, "nada se había hecho hasta ahora", advierten los colectivos ecologistas. Además, recuerdan que estas aguas residuales se vierten en una zona especialmente protegida: el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción y AMA Natura han exigido al consistorio que "agilice todos los trámites para la ampliación y renovación de la depuradora, actualmente en fase de proyecto". Consideran urgente la puesta en marcha de "instalaciones necesarias para el tratamiento terciario apropiado de las aguas residuales", con el objetivo de evitar nuevos vertidos y proteger tanto el medio ambiente como la salud de la ciudadanía.

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