La Policía Nacional ha desmantelado una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico en El Puerto de Santa María, en una operación que ha derivado en la detención de nueve personas. El caso, bautizado como ‘Operación Lavandero’, se inició en mayo de 2024 por orden del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Jerez de la Frontera, en coordinación con las Fiscalías Especiales Antidroga de Cádiz y Jerez. A los detenidos se les imputan delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos contra la ordenación del territorio.

El principal investigado es uno de los narcotraficantes más activos de la provincia. Tiene antecedentes por tráfico de drogas, “vuelcos” con armas de guerra y ajustes de cuentas tanto en Cádiz como en zonas exclusivas de Marbella. Su red delictiva no solo introducía hachís, sino que también proporcionaba soporte logístico a otras organizaciones criminales, operando desde las costas de Cádiz hasta Almería a través del negocio del "petaqueo".

El elevado nivel de vida del líder, evidenciado en coches de lujo, motos de competición y viajes a destinos exclusivos, alertó a los investigadores. Tras un año de pesquisas, se detectaron inversiones por más de 1.500.000 euros, a pesar de que el investigado apenas había cotizado en su vida laboral. Entre sus propiedades constan más de una decena de inmuebles para alquiler y dos empresas del sector de la hostelería y el ocio nocturno, empleadas como vías para introducir dinero ilícito en el circuito económico legal.

Aunque contaba con un considerable patrimonio, residía en una vivienda de lujo construida en suelo municipal en un asentamiento ilegal de la Sierra de San Cristóbal, en El Puerto de Santa María. Desde allí dirigía sus operaciones criminales.

El pasado 23 de junio se desplegó un amplio dispositivo policial en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera. La operación fue coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de El Puerto de Santa María y contó con el apoyo de unidades especializadas como GOES, GOIT, UPR y Guías Caninos, además de drones y un helicóptero del Servicio de Medios Aéreos. Aunque el cabecilla logró huir, ya pesaba sobre él una orden judicial de busca y captura con ingreso en prisión.

Durante los registros, se ejecutaron medidas cautelares que incluyeron el bloqueo preventivo de cuentas bancarias, participaciones sociales, inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones del investigado. Las nueve personas detenidas están acusadas de actuar como testaferros en operaciones patrimoniales y maniobras de “pitufeo” bancario, destinadas a eludir controles administrativos. Una de esas maniobras incluyó el ingreso de dinero en una cuenta judicial, lo que permitió al líder eludir la prisión preventiva en un procedimiento anterior.

Además del blanqueo de capitales, al investigado se le imputan dos delitos urbanísticos por construir dos chalés en suelo rústico, uno de ellos en una zona protegida de titularidad municipal conocida como ‘Villa Narco’, vinculada a propiedades ilegales de miembros del crimen organizado. Las personas detenidas han quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Policía, mientras que el principal investigado continúa en paradero desconocido, con múltiples requisitorias policiales y judiciales activas.

 


 

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