La Delegación de Educación de Cádiz, siguiendo directrices de la Consejería, ha ejecutado medidas que, según USTEA Cádiz, forman parte de "su plan privatizador de desmantelamiento de la educación pública". Desde el sindicato denuncian que "se está bloqueando la matriculación en centros públicos o limitando sus líneas antes del fin del periodo de matriculación" mientras que "nos encontramos con aulas abiertas en la privada concertada sin alumnado matriculado para llenarlas". Afirman que "se han blindado los conciertos educativos cuando la caída de la natalidad y libre elección de las familias no garantizan su existencia", y acusan a la administración de priorizar "mantener e incluso ampliar un negocio con empresas religiosas antes que garantizar el derecho a una escuela pública, gratuita y de calidad".
USTEA Cádiz ha recogido información procedente de representantes de asociaciones de padres y madres de alumnos sobre la primera reunión de Garantías de Admisión celebrada en la ciudad de Cádiz, señalando que se percibe "el lamentable atropello de derechos" relacionado con "la oferta educativa inicialmente concedida a los centros educativos para cada enseñanza: datos públicos que deben ser accesibles para toda la población pero que no ofrecen a los sindicatos o tardan en entregar si los solicitamos por el portal de Transparencia o se retrasan de manera consciente en darlos".
Desde el sindicato sostienen que "la Delegación quiere forzar a familias que apuestan por un modelo educativo laico e integrador –la educación pública– a tener que encomendar a sus hijos e hijas a otro tipo de educación por supresión de líneas, matrículas y centros sin que acabe el período de matriculación (y ahora, además, al intento de desplazar a los que ya están matriculados)". Subrayan que "en una sociedad avanzada como la española, que cada vez separa más religión y educación", las decisiones de la administración muestran "este apego a mantener y ampliar los acuerdos de un Concordato de época franquista, refrendado por gobiernos socialistas e impulsado hasta la extenuación por gobiernos populares".
Respecto a la oferta educativa para el curso 2025-2026 en Cádiz capital, desde USTEA consideran que "se mantiene un agravio comparativo porque se mantienen aulas en la escuela privada concertada VACÍAS, sin demanda, mientras que se eliminan de la pública a priori, aun teniendo alumnado suficiente para crear nuevas aulas o mantener las que a priori les recortan", lo cual se interpreta como un intento de "poner nerviosas a las familias y desincentivar la matriculación".
Han identificado varios casos concretos de centros públicos en los que detectan irregularidades. En el colegio Reyes Católicos, existen dos unidades en tercero y cuarto de Primaria con 52 plazas reservadas para alumnado del propio centro. USTEA se pregunta si, al exceder ya la ratio de 25 alumnos por aula, "van a quitar la posibilidad de matriculación ahora y también a las familias que lleguen durante el próximo curso" o "van a desplazar a otro centro a los dos alumnos que desde ya excedan de la ratio en lugar de crear la tercera línea necesaria".
En el CEIP Gadir, denuncian que no permiten la matriculación en infantil de cinco años ni en primero y segundo de Primaria, alegando la creación de un aula mixta "invento integrador para la pública que no existe en la concertada en casos donde se den las mismas condiciones". Además, en tercero de Primaria, con veinte vacantes disponibles, solo se publican cuatro plazas para también generar aula mixta con cuarto. En sexto, con ocho plazas ya reservadas, solo se oferta una plaza, cuando según la normativa debería haber diecisiete. Subrayan que "la planificación a la baja solo se realiza para la educación pública con el fin de mantener el negocio en otro tipo de educación".
En el CEIP Fermín Salvochea, se asigna una única unidad en sexto de Primaria pese a tener una reserva de 28 alumnos del propio centro. Señalan que se cierra la matrícula con cero plazas concedidas, lo que implica el posible desplazamiento de tres alumnos. Por su parte, en el CEIP María Valle, también en sexto de Primaria, se parte con una sola unidad pese a contar con 26 reservas de alumnado del centro, impidiéndose la matriculación de nuevos alumnos y generando una situación de sobrerratio o desplazamientos.
Desde USTEA se afirma que estas medidas "impiden crecer a los centros, en contra de la propia LOMLOE, la ley educativa vigente".
Paralelamente, destacan casos de colegios concertados donde, pese a no haber demanda suficiente, se mantienen o incrementan líneas. En el centro San Felipe Neri, en infantil de 3 años, se programan tres unidades pese a la caída de la natalidad. En primero de Primaria arrancan con cuatro líneas pese a tener una reserva de 75 plazas, "le asignan un aula VACÍA con 25 vacantes". En el colegio Argantonio, en primero de Primaria parten con dos unidades y 28 reservas, pero se ofertan 22 vacantes adicionales.
En María Auxiliadora, en primero de Primaria se parte con dos unidades y solo 22 matrículas procedentes de su infantil de cinco años, pero se abren 28 vacantes. En segundo, con solo 27 reservas, se abren 23 vacantes más. En San Francisco de Asís, en quinto de Primaria, se mantienen dos unidades (50 plazas) para solo 24 reservas. En San Ignacio (Salesianos), pese a tener dos líneas por curso en infantil, se abren tres líneas en primero de Primaria. En Nuestra Señora de Lourdes, con solo seis reservas en infantil de cinco años, se mantienen las matrículas abiertas y se ofertan 19 vacantes.
Según USTEA, "en muchos colegios públicos se impide la matriculación publicándose menos vacantes disponibles y coartando el derecho a la libertad de elección para la educación pública". Denuncian que "cierran líneas o no las abren nuevas incluso teniendo demanda" y se preguntan "¿dónde está la libertad de elección, dónde está la planificación si siempre es sesgada por la propia administración?". Declaran que "ningún colegio concertado ha sufrido recortes de líneas ni agrupamientos en aulas mixtas" y que por este motivo han decidido "plantearnos la denuncia a las actuales Instrucciones de escolarización".
Apuntan que "a muchos colegios concertados se les mantienen líneas aun sin demanda y al público que tiene demanda le suprimen: si le das al que no necesita y al que necesita se lo retiras estamos hablando de discriminación y privatización". Señalan que "en la oferta global de unidades -que no refleja la tendencia social en otras áreas citadas- se parte de un 30% para colegios públicos y de un 70 % para privada concertada".
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