El Colectivo de Asociaciones Conileñas (CODAC) ha presentado una propuesta a los grupos políticos del Ayuntamiento de Conil de la Frontera para que se apruebe un acuerdo plenario que inste al Congreso de los Diputados a presentar una Proposición No de Ley (PNL). Esta iniciativa busca la adaptación del marco legislativo vigente para permitir la suspensión temporal de las sentencias de demolición en procedimientos relacionados con viviendas irregulares, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones específicas.
Entre las circunstancias mencionadas en la propuesta, se establece que el proceso judicial debe haber comenzado y contar con una sentencia favorable a la demolición de la vivienda. Además, estas viviendas deben constituir la única residencia de los propietarios y ser susceptibles de regularización a través de figuras legales como el Asimilado a Fuera de Ordenación o planes urbanísticos específicos. Otra condición relevante es que la suspensión deberá mantenerse mientras el propietario no disponga de una alternativa habitacional viable y esté inscrito como demandante de vivienda de protección oficial.
La propuesta también incluye una exposición de motivos, donde se destaca que numerosas familias andaluzas habitan en viviendas irregulares que constituyen su único hogar, viéndose afectadas por los procedimientos de demolición. Esta situación genera un impacto social y económico significativo, privándolas de un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna.
El CODAC subraya que esta solicitud no respalda construcciones ilegales ni busca relajar las normativas urbanísticas. En cambio, plantea una solución temporal para situaciones donde los propietarios no tienen alternativas inmediatas, y las viviendas pueden ser regularizadas. Asimismo, se resalta la necesidad de proteger a estas familias frente a los efectos adversos y contraproducentes del desalojo y la demolición inmediata.
El texto de la propuesta argumenta que la medida está fundamentada en el derecho constitucional a una vivienda digna, el principio de proporcionalidad y la posibilidad de regularización mediante herramientas legales como la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz (LISTA). También se resalta el impacto social negativo del derribo de estas viviendas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
La solicitud concluye confiando en la sensibilidad de los grupos políticos del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, esperando que respalden esta propuesta para buscar una solución consensuada que refleje la voluntad de la mayoría de la ciudadanía conileña.
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