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Tras la reciente modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones, que salvaguarda el derecho de no recibir llamadas comerciales no solicitadas, a menos que el usuario haya dado su consentimiento expreso, la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha levantado la voz. La asociación argumenta que, pese a la nueva normativa, el spam telefónico sigue siendo una realidad palpable para muchos ciudadanos.

ASESCON, mostrando su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, habilitó un canal de consulta y de reclamación para atender las inquietudes y denuncias presentadas por la ciudadanía en relación con este tema. La organización expresó su desconcierto ante la persistencia del spam telefónico a pesar de la existencia de una legislación que debería combatirlo. ASESCON sostiene que la normativa, en ciertos aspectos, todavía permite a las empresas continuar con prácticas agresivas de marketing telefónico, amparándose en excepciones.

Una de estas excepciones es la del "interés legítimo". Esta permite a una empresa de telemarketing comunicarse con un cliente con el que ya tiene una relación contractual, alegando razones de seguridad o prevención de fraudes, aunque no pierden la oportunidad de intentar vender otro producto.

ASESCON ha recogido testimonios e información desde agosto de este año, y ha procedido a denunciar a 43 números de teléfono ante la Agencia Española de Protección de Datos, solicitando que esta entidad intervenga e inicie investigaciones pertinentes. Cabe destacar que muchos consumidores han manifestado haber cancelado todos sus datos personales, pero aún así, siguen siendo víctimas de estas molestas llamadas.

La organización sigue abierta a recibir denuncias y canalizará las mismas. Los ciudadanos afectados pueden establecer contacto con ASESCON a través de su dirección de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Finalmente, ASESCON expresó su repulsa al hecho de que las Administraciones Públicas con competencia en el tema no realicen inspecciones exhaustivas que garanticen el cumplimiento de la normativa, revisando los consentimientos otorgados por los consumidores y las grabaciones que deben realizarse.

 


 

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