El Ministerio de Consumo ha iniciado acciones legales contra varias aerolíneas de bajo coste por la imposición de cargos adicionales para el equipaje de mano que se lleva en la cabina. Estas acciones se han extendido también a otros cargos adicionales por servicios que tradicionalmente se incluyen en el precio del billete, como la reserva de asientos adyacentes para menores de edad o personas con necesidades especiales.
Estas aerolíneas han estado desglosando servicios tradicionalmente incluidos en el coste del billete, cobrando extra a los pasajeros por ellos. Como resultado, estas empresas pueden anunciar precios muy competitivos en su publicidad. Esta táctica les permite obtener un posicionamiento SEO superior en los motores de búsqueda y en los comparadores de precios, en comparación con las compañías que incluyen estos servicios en el precio del billete que se anuncia.
Sin embargo, el precio anunciado en la publicidad normalmente no coincide con el precio final que paga el consumidor, debido a estas prácticas. Además, estas aerolíneas no permiten el pago en efectivo en el aeropuerto por los servicios adicionales, lo cual va en contra de la normativa.
Las sanciones por estas infracciones pueden llegar a ser graves o muy graves, y pueden ser sancionadas con multas de entre 10.001 y 100.000 euros en el caso de las infracciones graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves.
Si el beneficio obtenido por las prácticas infractoras supera estas cifras, las multas pueden llegar a ser de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito para las infracciones graves, y entre seis y ocho veces el beneficio para las infracciones muy graves.
Estas prácticas violan el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y son responsabilidad del Ministerio de Consumo, según lo dispuesto en el artículo 52bis, apartado 5.
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