Este viernes 28 de octubre de 2022, el Foro Libertad y Alternativa (L&A) ha presentado los correspondientes requerimientos a veinticinco Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, como manda la Ley 39/1981 de 28 de octubre, ondee en estas instituciones la bandera de España y que esta norma sea cumplida de manera inmediata. Entre los veinticinco Ayuntamientos requeridos se encuentran los municipios de Sitges, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Abrera, Olesa de Montserrat, Villafranca del Penedés, Castellbisbal y Granollers.
En Cataluña son 798 Ayuntamientos los que incumplen esta obligación. Es decir, la bandera de España sólo ondea en el 13% de los municipios de esta Comunidad Autónoma. A este respecto, es en el País Vasco, Navarra y Cataluña donde existen más municipios insumisos. Esta ausencia de la bandera de España en las dependencias municipales supone un quebrantamiento directo, entre otras, de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la Bandera de España y el de otras banderas y enseñas (“LEY 39/1981”) que deviene incuestionable, voluntario y contumaz, y que acredita la decisión de las autoridades municipales de no someterse a la norma.
Así mismo, la Comisión Jurídica del Foro Libertad y Alternativa presentará sucesivos requerimientos ante todos y cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Gobiernos Autonómicos en cuyos edificios no ondee la bandera de España como es preceptivo.
Entre los fines del Foro L&A se encuentra la defensa del Estado de Derecho, del imperio de la Ley, de la libertad, la igualdad, la solidaridad de los españoles y de la unidad de España. A este respecto, uno de sus objetivos fundamentales y que suscriben el Manifiesto Fundacional es precisamente “respetar el imperio de la ley, que incluye el cumplimiento estricto de la Constitución, la independencia del poder judicial, la neutralidad de las Instituciones y el rechazo de cualquier forma de corrupción”.
En este sentido, "no sólo como ciudadanos, sino como fundación, tenemos un interés legítimo en que se cumpla la Constitución y la Ley en sus estrictos términos en todos y cada uno de los municipios que componen nuestro país, en particular cuando esa presunta inobservancia de la norma está relacionada con una suerte de ideología impuesta ya que tal circunstancia afecta, y de modo directo, a la libertad de pensamiento, entre otras varias cuestiones. El cumplimiento de la Ley en un Estado de Derecho no es una opción.
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