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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha instado hoy a las Comunidades Autónomas (CCAA) a ser “rigurosas” en los cambios normativos necesarios para frenar la expansión de los establecimientos destinados al juego de azar y apuestas. Garzón se ha referido de forma especial a la Junta de Andalucía, a quien ha pedido que “permita” a los ayuntamientos modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer distancias entre los centros educativos y las casas de apuestas. El ministro ha señalado que, en este momento, varios consistorios andaluces, como el de Málaga o el de Cádiz, se encuentran con un litigio jurídico con la Junta de Andalucía para poder proteger a sus vecinos.

Durante su visita a Sevilla para mantener encuentros con asociaciones andaluzas de jugadores de azar rehabilitados, el responsable de Consumo también ha expresado su preocupación por que el gobierno autonómico esté siendo laxo en materia fiscal con los operadores del juego, aprobando bonificaciones contrarias a la línea de trabajo emprendida por la mayoría de CCAA.

Asimismo, el ministro ha señalado que, mientras que algunas CCAA están estableciendo distancias obligatorias de 500 metros entre centros educativos y casas de apuestas, Andalucía opta por establecer un perímetro de 150 metros. “Es el deber Gobierno de España y del Ministerio de Consumo subrayar que estamos ante un problema grave y que Andalucía debería ser más rigurosa”, ha dicho Garzón en una comparecencia ante los medios.

Por el contrario, el ministro ha expresado su “satisfacción” por la línea de trabajo emprendida por otras CCAA que están desarrollando normativas que permiten preservar la salud pública y a las familias vulnerables frente al problema del juego compulsivo.

Garzón, que desarrolla hoy su jornada de trabajo en la capital andaluza, ha mantenido encuentros con los presidentes de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados (FAJER) y de la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar Rehabilitados (ASEJER). Estas reuniones forman parte de los contactos que el ministro mantiene con afectados por los efectos del juego problemático y con las que pretende conocer la realidad de cada territorio ante la expansión de los locales de juegos de azar, especialmente en las grandes ciudades.

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