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Puertos andaluces / Junta de Andalucía

La modificación de la Ley 21/2007 de Puertos de Andalucía, aprobada el 5 noviembre de 2020 en el Parlamento de Andalucía con los votos favorables del PP, PSOE, Ciudadanos y VOX, posibilitará nuevas inversiones y líneas de negocio que generarán cerca de 11.000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha elevado un informe al Consejo de Gobierno en el que se constatan los beneficios de una nueva ley que otorga seguridad jurídica a las empresas concesionarias, que pueden ampliar el plazo siempre que realicen inversiones de mejora en las instalaciones portuarias.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) estima que esta modificación de la ley tendrá un impacto económico próximo a los 600 millones de euros en la comunidad autónoma, con una previsión de 10.900 empleos entre las inversiones previstas y futuros proyectos portuarios.

Sólo las obligaciones para realizar inversiones en los puertos están cifradas en 44 millones de euros, lo que supondrá la creación de 1.000 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras de mejoras de las instalaciones portuarias. El resultado de estas obras dibujará un nuevo escenario en estos puertos que posibilitará la generación de 600 empleos más.

Asimismo, la modificación de la ley ha otorgado la tranquilidad a algunos concesionarios para retomar su interés por ampliar las instalaciones. Puertos de Andalucía estima que estos proyectos podrían generar un impacto económico de 300 millones de euros, con una creación de empleo de 3.500 personas sólo en mano de obra. Una vez realizadas las ampliaciones, se calcula 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos fruto de las nuevas instalaciones creadas.

Además, el hecho de que se garantice la seguridad jurídica también contribuye a animar a algunos empresarios privados a la construcción de nuevos puertos en Andalucía. En ese sentido, se encuentran en diversas fases administrativas los expedientes para la construcción de nuevos puertos en Torrox (Málaga), Almuñécar (Granada) y Motril (Granada). Estas instalaciones supondrán una inversión cercana a los 240 millones de euros, con una previsión de nuevos 300 empleos durante el desarrollo de las obras y, una vez concluidas, de la contratación de 2.500 personas entre empleos directos e indirectos.

La modificación aprobada en el Parlamento ha acabado con una situación de inseguridad jurídica que afectaba gravemente al sector, ya que no podía hacer previsiones a corto y largo plazo porque desconocía la vigencia de las concesiones de unos puertos que cuentan con una plantilla de 500 empleados directos y más de 7.000 atraques.

El origen del problema residía en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre porciones de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos que han llevado a diversas interpretaciones de cara a su aplicación. Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central –la última de enero de 2019–, el Estado no se había pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias. Esa situación se había resuelto en otras comunidades mediante regulación propia, no así en Andalucía, que desde ahora sí cuenta con el soporte legal para dar tranquilidad

La proposición de ley no solo tiene por objeto regular de forma concreta, ordenada y desarrollada el problema existente, sino que adopta medidas de carácter social para la regeneración y consolidación del empleo, promover el acceso de todos los ciudadanos a los puertos y al ejercicio de los deportes náuticos.

Aprovechar suelos vacíos

Además de las posibilidades de creación de empleo que se abren con la modificación de la ley, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado una nueva línea de negocio para promover la implantación de empresas en los 150.000 metros cuadrados de parcelas existentes en desuso en los puertos de gestión directa de APPA. Las estimaciones de la agencia apuntan a que se podrían generar 6.000 empleos, entre mano de obra y personal contratado por las empresas instaladas, que se sumarán a los 10.900 trabajos que se prevén como consecuencia del cambio normativo en la Ley de Puertos. Se calcula que la inversión en estas parcelas ronde los 200 millones de euros.

 


 

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