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Marea Verde / Trekant Media

Como anunció esta misma semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la pandemia causada por el coronavirus está lejos de acabar.

Pero estas palabras poco significan para la Consejería, que ha optado por mirar hacia otro lado: hasta el momento solo se han publicado borradores de instrucciones sobre la vuelta a las aulas y un puñado de titulares en los que Javier Imbroda manifiesta su intención de que los centros educativos abran con total normalidad en septiembre.
En dichos borradores y declaraciones no se encuentra ni rastro de cómo se piensan aplicar las medidas de seguridad recomendadas desde el Gobierno central. “Que las directivas se las apañen, que para eso les pagan”, han debido pensar.

CGT afirma que es literalmente imposible seguir dichas recomendaciones con los recursos materiales y de personal actuales. Modificar las recomendaciones para que se ajusten a la cruda realidad de los colegios e institutos tampoco es la solución.

Además, el cierre por parte de la Junta de 411 unidades en los centros públicos para el curso 2020/21, frente a solo 19 en centros privados concertados, muestra la apuesta por la privatización del Gobierno andaluz, y la continuación y aceleración de un verdadero desmantelamiento de la red educativa pública que ya se inició por el anterior gobierno del PSOE. A modo de ejemplo sirva un dato: desde el curso 2011/12 hasta el 2019/20 se han eliminado en Andalucía 1488 unidades públicas en el segundo ciclo de infantil (de 3 a 5 años), puerta de entrada al sistema educativo, una pérdida del 14,3% en 9 años. En el mismo período, la privada concertada ha crecido en 33 unidades.

Para el sindicato, la Consejería debe implementar un plan de blindaje de la Escuela Pública que asegure que no se cerrará ni una unidad escolar más, que incremente las plantillas docentes y de administración y servicios, que disminuya las ratios y que utilice espacios públicos para evitar todo lo posible los contagios dentro de los centros. Si la Junta no quiere hacerle el trabajo al virus, no puede obligar a sus trabajadores y estudiantes a que estén a menos de 1,5 metros de distancia entre sí.

Por esto, CGT ha decidido convocar huelga el primer mes de clase y llama a todas las personas que trabajan en centros docentes, familias y alumnado a que la secunden. El día fijado será el 18 de septiembre, fecha en que todo el alumnado de enseñanzas no superiores estará ya incorporado y la comunidad educativa habrá podido comprobar de primera mano si se están cumpliendo las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y se puede ofrecer un servicio adecuado y seguro.

En ese sentido, es fundamental que el fondo destinado a paliar las necesidades creadas por el COVID-19, aunque manifiestamente insuficiente, vaya al menos destinado en su totalidad a la Escuela Pública, que es la que garantiza el derecho a la Educación para todos y todas, y que el Gobierno no se deje influir por los defensores del negocio educativo. Pero también es esencial que la nueva ley educativa blinde a la Escuela Pública frente a los procesos privatizadores, y vuelva a restablecer el carácter subsidiario de la enseñanza privada concertada, de manera que el descenso de natalidad no suponga el cierre únicamente de unidades públicas y el progresivo desmantelamiento de la Escuela Pública. De no ser así, continuará un sistema de planificación perverso que aboca a la privatización: las unidades concertadas se mantienen debido a la vigencia de los conciertos y la bajada de natalidad solo repercute en las unidades públicas a la hora de planificar hasta el punto de dejar a las familias sin opción a elegirlas.

Así mismo, CGT emplaza al resto de organizaciones sindicales a que se sumen a esta convocatoria como inicio de un proceso de movilizaciones para luchar por una Escuela Pública, de calidad y libre de COVID-19.

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