Palacio de Justicia de Cádiz / Trekant Media

El sindicato CCOO ha rechazado el plan de desescalada en la administración de Justicia andaluza y ha informado que lo ha denunciado ante la autoridad laboral.

En el comunicado, remitido a Portal de Cádiz, comunican los siguiente:

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración calca prácticamente al Ministerio de Justicia e impone una desescalada uniforme en la Administración de Justicia en Andalucía que NO se basa en criterios sanitarios y supone una presencialidad mayor que la actual y que la que se aplicará a los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Se nos presenta un cronograma absurdo, NO es aceptable que algunas provincias (como Málaga y Granada) van a seguir en la fase 0 de la desescalada mientras sus servicios de justicia pasan a la fase 1. Como si el personal de justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda clase, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto.

No se permite la paralización de la actividad si así se determinase objetivamente por los Comités de Salud Laboral, en contra de lo recogido en la normativa vigente. Y a pesar de haberse anunciado, incluso en la prensa por el Consejero, los trabajadores y trabajadoras ya incorporados a los órganos judiciales no han sido testados.

La Administración tampoco acepta nuestra petición de que la incorporación de más trabajadores-as, que puede solicitar el Letrado de la Administración de Justicia, se aplique siempre, con intervención de los delegados de prevención, previo informe preceptivo y favorable de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRRLL). Es decir, en base únicamente a la petición arbitraria de “necesidades del servicio”, podrán obligar a incorporarse a más personal, sin contemplar los requisitos sanitarios necesarios.

Se rechaza la posibilidad de contratar personal de apoyo interino, alegando que pueden ejercer sus derechos de protección a la salud.

Acusamos a la Consejería de ceder sus competencias al Ministerio, y aceptar las presiones económicas y las corporativas del poder judicial, negándose a cumplir lo que establece Sanidad para nuestra Comunidad, exponiendo al personal a la pandemia, poniendo en riesgo su salud y la de la ciudadanía que se relacione con la Administración de Justicia.

Una vez más se han antepuesto la prestación de servicios no esenciales durante el Estado de Alarma a la protección de la salud de los profesionales que integran la Administración de Justicia, como ya están haciendo desde que se aceptó la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo los actos de comunicación y ejecución no telemáticos.

Para CCOO el primer objetivo es la protección de la salud, y se ha presentado una primera denuncia a la Inspección de Trabajo y se realizarán cuántas sean necesarias por actuaciones que no cumplan con las medidas preventivas y de seguridad para garantizar la salud del personal, si las medidas preventivas no se aseguran o si no se detiene la actividad ante el riesgo de contagio.

 


 

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