El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes 2 de octubre la convalidación del primero de los dos reales decretos ley de vivienda impulsados por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso desencadenó movilizaciones y volvió a situar la vivienda en el centro del debate político.
El texto rechazado es el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, sobre protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta de vivienda asequible. El Gobierno lo aprobó junto a un segundo decreto dedicado específicamente a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler. Ambos textos llegaron al Congreso para ser votados por separado.
El primer decreto concentraba buena parte del paquete de medidas de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Entre otras actuaciones, ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2030 determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
También incorporaba cambios para combatir el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones. La norma establecía que un alquiler temporal sin una causa real y acreditada que justificara esa temporalidad pasaría a considerarse un contrato de vivienda habitual.
Para los alquileres por habitaciones, el decreto fijaba que la suma de las rentas cobradas por las distintas habitaciones de una misma vivienda no podía superar el alquiler correspondiente a la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado se añadían además las limitaciones de renta previstas en la legislación de arrendamientos urbanos.
El paquete incluía igualmente medidas dirigidas a determinadas compras de vivienda por parte de entidades dedicadas a adquirir inmuebles, modificaciones fiscales relacionadas con las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, un IVA del 10% para los pisos turísticos y actuaciones destinadas a incrementar la vivienda asequible.
Otra parte del decreto contemplaba bonificaciones fiscales vinculadas a las rentas, incentivos para propietarios y un mecanismo de financiación con un tipo de interés del 0% para facilitar el acceso a una primera vivienda. También incorporaba medidas para reforzar el parque público y rebajaba al 4% el IVA de las viviendas de promoción pública y protegidas.
El denominado paquete "Maricarmen" nació después del desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid el 23 de septiembre. El caso provocó protestas y una acampada en la Puerta del Sol, además de una campaña de presión sobre los grupos parlamentarios antes de la votación.
Maricarmen alcanzó posteriormente un acuerdo para regresar a su vivienda como arrendataria una vez recibiera el alta hospitalaria. El pacto contempla un contrato de ocho años y una renta que no supere el 30% de sus ingresos, alrededor de los 500 euros que venía pagando.
El Consejo de Ministros terminó aprobando el martes 29 de septiembre dos reales decretos ley en lugar de un único texto. El primero agrupó el grueso de las medidas sobre protección frente a desahucios, alquileres, fiscalidad y vivienda asequible, mientras que el segundo se centró en la estabilidad y renovación de los contratos de alquiler.
La votación llegó con posiciones enfrentadas entre los grupos parlamentarios. Junts había anunciado su rechazo a los dos decretos y reclamaba al Gobierno que los retirara y presentara una nueva propuesta. PP y Vox también habían anunciado su voto contrario, mientras que Podemos respaldaba ambos textos y el PNV apoyaba el primero pero rechazaba el segundo.
El Gobierno decidió mantener los decretos para someterlos a la votación del Congreso. Durante las horas previas, ofreció la posibilidad de tramitar cambios posteriormente si los textos eran convalidados, mientras Junts mantuvo su negativa.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había vinculado expresamente las medidas al caso de Maricarmen y defendido que existía una oportunidad política para evitar situaciones similares. El Gobierno presentó el paquete como una respuesta para reforzar la protección de los inquilinos, combatir determinadas prácticas especulativas y ampliar la vivienda asequible.
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