Una organización criminal dedicada presuntamente al fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas y al blanqueo de capitales ha sido desarticulada en una operación que deja 13 detenidos y otras cuatro personas investigadas. La cuota de IVA defraudada entre 2018 y 2025 se estima en 11,9 millones de euros y podría aumentar en función de las pruebas obtenidas durante los registros. La operación, denominada 'Drink'/'Alambique', incluyó diez entradas y registros en domicilios particulares y sociedades mercantiles de La Puebla de Cazalla, en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Valencia.
La actuación permitió bloquear 35 cuentas bancarias vinculadas a la trama y solicitar a la autoridad judicial el embargo de once inmuebles relacionados con la organización. Los investigadores intervinieron además 66.000 euros en efectivo en domicilios relacionados con uno de los principales objetivos, junto con relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación considerada de interés para la investigación. La operación fue desarrollada conjuntamente por el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria y el grupo de Delincuencia Económica de la UDEF de Sevilla de la Policía Nacional.
La investigación comenzó después de detectarse un complejo entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una con una función específica dentro de la organización. La estructura contaba además con un entramado empresarial paralelo utilizado para canalizar fondos de procedencia delictiva y someterlos al blanqueo de capitales. El análisis de la documentación y de 173 cuentas bancarias permitió a los investigadores confirmar la importación de volúmenes relevantes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de distintos Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, con destino a varios depósitos fiscales españoles.
La mercancía entraba en territorio nacional mediante las denominadas empresas 'introductoras' y era enviada en régimen suspensivo de IVA e impuestos especiales. Después de varias transmisiones dentro del depósito fiscal a nombre de sociedades instrumentales, el alcohol era extraído con destino a las empresas 'distribuidoras'. Para sacar la mercancía del depósito fiscal, la trama utilizaba también sociedades que no ingresaban las correspondientes cuotas de IVA. Este sistema permitía a las distribuidoras ofrecer precios notablemente más bajos y generaba una competencia desleal en el sector. Para mantener el circuito se crearon múltiples sociedades instrumentales mediante testaferros y respaldadas por facturas falsas destinadas a ocultar el fraude.
El análisis económico patrimonial realizado durante la investigación puso de relieve que los líderes de la organización desviaban parte de los beneficios hacia una sociedad patrimonial creada para este fin, a cuyo nombre figuraban determinados inmuebles de los principales investigados. La investigación llevó al bloqueo de once inmuebles y numerosas cuentas bancarias utilizadas para canalizar las ganancias obtenidas por la trama.
La fase de explotación se desarrolló el 14 de julio de 2026 bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, Plaza número 2. Se practicaron nueve entradas y registros en sociedades mercantiles de La Puebla de Cazalla, Valencia, Badajoz y Córdoba, además de un registro en un domicilio particular de La Puebla de Cazalla. Fueron detenidas 13 personas, entre ellas las presuntas responsables de manejar la trama, mientras otras cuatro quedaron investigadas. En una segunda fase se realizaron inspecciones en naves de empresas relacionadas con la organización que permitieron reforzar la investigación y la participación de los implicados.
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