Una organización criminal dedicada al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Nacional de Francia, la Policía Federal de Bélgica y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, bajo la coordinación de EUROPOL y EUROJUST. La investigación atribuye al entramado la introducción irregular en España de más de 400 migrantes y su presunta implicación en un episodio migratorio en el que murieron 12 personas tras el hundimiento de una embarcación en el Mediterráneo. La operación se ha saldado con la detención de 20 personas, cinco de las cuales han ingresado en prisión provisional.
El operativo permitió arrestar a 16 personas en España —12 en Alicante, dos en Madrid, una en Vitoria y una en Murcia— y a otras cuatro en Bélgica. Además, los agentes intervinieron embarcaciones rápidas, armas, droga, dinero en efectivo y abundante material logístico utilizado por la organización.
La investigación comenzó en octubre de 2022 tras el naufragio de una embarcación que trasladaba migrantes desde Argelia hasta España y en el que desaparecieron 12 personas. Las declaraciones de varios testigos y las posteriores pesquisas permitieron identificar una organización criminal dirigida por un clan familiar asentado en Bélgica que utilizaba España como base para el tráfico de personas y drogas entre ambos países.
La organización captaba a los migrantes en Argelia mediante colaboradores encargados de ofrecer el traslado. Una vez abonaban entre 8.000 y 10.000 euros por persona, eran ocultados en viviendas de seguridad hasta que las condiciones marítimas permitían iniciar la travesía.
Mientras tanto, la rama asentada en España preparaba toda la infraestructura necesaria para el viaje, con embarcaciones, pilotos y combustible. Cuando las condiciones eran favorables, los responsables en España daban la orden a la organización en Argelia para trasladar a los migrantes hasta distintos puntos de la costa desde donde embarcaban rumbo al litoral español.
Los pilotos salían desde distintos puntos de la costa española y realizaban paradas para cargar combustible, una práctica conocida como "petaqueo", además de transportar drogas sintéticas y cocaína suministradas por el clan asentado en Bélgica.
La investigación determinó que la organización disponía de una estructura perfectamente coordinada con dos ramas principales. La establecida en Bélgica estaba integrada por el clan familiar que dirigía toda la red y coordinaba el envío de cocaína y drogas sintéticas hacia el sur de Europa mediante vehículos modificados con compartimentos ocultos.
La rama española era la encargada de gestionar toda la ruta marítima con Argelia, mantener las embarcaciones, coordinar a los pilotos, almacenar la droga en inmuebles utilizados como guarderías y aplicar medidas para evitar la acción policial. Entre ellas figuraban el uso de vehículos lanzadera, reconocimientos previos de las zonas de desembarco y sistemas de vigilancia para proteger tanto los alijos de droga como la llegada de migrantes. Esta estructura estaba dirigida por un investigado que actualmente permanece en prisión en España y que seguía dando instrucciones a los miembros asentados en la provincia de Alicante.
La organización también contaba con colaboradores en Argelia encargados de captar clientes, recaudar el dinero y organizar las salidas marítimas. Además, disponía de pilotos marroquíes especializados en la navegación de embarcaciones rápidas y de captadores establecidos en Francia, uno de los principales destinos finales de muchos de los migrantes.
Durante el periodo investigado, los agentes acreditaron la llegada irregular de al menos 400 migrantes a España. Solo el tráfico de personas habría generado cerca de cuatro millones de euros, cifra que se elevaba hasta unos ocho millones al sumar los beneficios obtenidos por el transporte de drogas sintéticas hacia Argelia.
Los investigadores también comprobaron que la organización utilizaba la violencia para mantener el control interno y proteger su actividad criminal, llegando a emplear armas de fuego tanto en ajustes de cuentas con otras organizaciones como para impedir robos de droga.
La fase final de la operación se desarrolló de forma simultánea en España, Bélgica y Francia bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Denia, Plaza Dos, y con la coordinación de EUROPOL y EUROJUST.
Como resultado fueron detenidas 20 personas. De las 16 arrestadas en España, cuatro ingresaron en prisión provisional, mientras que una de las cuatro detenidas en Bélgica fue enviada a prisión en ese país. Además, dos de los principales investigados tenían órdenes de detención para extradición emitidas por Argelia por delitos de tráfico de drogas.
Durante la operación se practicaron once registros, ocho de ellos en la provincia de Alicante y tres en Bélgica. Los agentes intervinieron dos embarcaciones rápidas utilizadas para el tráfico de personas y drogas, una equipada con un motor de 300 caballos y otra con dos motores de 250 caballos. También localizaron un vehículo tipo pick-up empleado para botar las embarcaciones al agua, un motor fueraborda de 40 caballos, 27 petacas de combustible y abundante documentación relacionada con la compra de embarcaciones y motores.
Asimismo, fueron incautadas dos armas de fuego en Bélgica, una de ellas sustraída, además de un arma simulada y un arma larga en España. La operación permitió además intervenir 1.179 gramos de MDMA en polvo, cinco básculas de precisión, 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en efectivo.
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