La propuesta de la Comisión Europea para que España revise el IVA reducido aplicado a la hostelería y estudie elevarlo del 10% al 21% en bares, restaurantes y hoteles ha abierto un nuevo debate sobre el impacto de la fiscalidad en uno de los sectores con mayor peso en la economía nacional. Bruselas considera que esta medida podría incrementar la recaudación pública en hasta 7.000 millones de euros anuales y forma parte de las recomendaciones económicas dirigidas a España dentro del Semestre Europeo.
La Comisión Europea sostiene que España hace un uso intensivo de los tipos reducidos del IVA en comparación con otros países de la Unión Europea. En sus recomendaciones económicas por país, el ejecutivo comunitario señala específicamente a la restauración y al alojamiento turístico como actividades en las que podría revisarse la aplicación del tipo reducido.
Según los análisis utilizados por Bruselas, la aplicación del IVA reducido del 10% en bares, restaurantes y hoteles supone una importante reducción de ingresos fiscales para las arcas públicas. La Comisión considera que una equiparación con el tipo general del 21% permitiría aumentar la recaudación en torno a los 7.000 millones de euros.
El organismo europeo también defiende que el beneficio fiscal derivado de este tipo reducido no siempre favorece especialmente a los hogares con menores ingresos. En este sentido, sostiene que una parte importante del consumo de servicios de restauración y alojamiento corresponde a sectores de población con mayor capacidad económica.
La propuesta ha sido rechazada por la Asociación Española de Consumidores, que considera que no tiene en cuenta la realidad económica de España ni la situación de millones de consumidores.
La organización señala que una subida de once puntos porcentuales en el IVA de la hostelería tendría consecuencias negativas para un sector que considera uno de los motores económicos del país. A su juicio, la visión de la Comisión Europea se limita a un planteamiento recaudatorio sin valorar los posibles efectos sobre la actividad económica, el empleo y el consumo.
La Asociación Española de Consumidores también discrepa de la afirmación de que el impacto recaería principalmente sobre las rentas más altas. Según la entidad, una subida del IVA en bares, restaurantes y hoteles afectaría especialmente a las clases medias y bajas, reduciendo su capacidad de acceso a estos servicios.
Desde la organización consideran que los consumidores con mayor capacidad económica podrían asumir con más facilidad el incremento de precios derivado de una subida fiscal, mientras que muchas familias tendrían que reducir su consumo o prescindir de determinados gastos relacionados con la hostelería.
La asociación advierte además de que el encarecimiento de estos servicios tendría repercusiones directas sobre el consumo cotidiano y sobre la actividad de miles de establecimientos repartidos por todo el país.
Por último, la Asociación Española de Consumidores pide a la Comisión Europea que abandone propuestas de este tipo y reclama medidas orientadas a reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos. La entidad sostiene que una bajada de impuestos contribuiría a aliviar la situación económica de muchos consumidores en un contexto que considera especialmente complicado para numerosas familias.
Por el momento, la recomendación de Bruselas no supone ningún cambio inmediato en la fiscalidad aplicada a la hostelería y el IVA de bares, restaurantes y hoteles continúa situado en el 10%.
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