La Junta de Andalucía ha acordado la atención conjunta a menores infractores con trastornos mentales mediante la firma de una orden que incluye un protocolo de coordinación para asegurar la continuidad de los cuidados cuando dejan los centros y recursos de Justicia Juvenil, el domingo 15 de marzo de 2026 en Andalucía.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han suscrito este documento que garantiza la continuidad asistencial de los menores infractores con trastornos mentales y problemas de adicción, especialmente cuando finalizan las medidas que deben cumplir en los centros de Justicia Juvenil.
El protocolo se incorpora al Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (PESMA-A) y refuerza la continuidad y el acompañamiento de los menores privados de libertad tanto en el momento de su entrada en un centro de Justicia Juvenil, donde existen plazas específicas en unidades terapéuticas, como antes de su salida, con el objetivo de que puedan continuar la atención cuando concluyan las medidas dictadas por la autoridad judicial.
En el caso de los menores con medidas no privativas de libertad consistentes en tratamiento ambulatorio por problemas de adicción o salud mental que realizan los equipos de los Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), el protocolo facilita que sigan recibiendo atención en el SAS cuando salen del sistema de Justicia Juvenil.
El documento, en el que vienen trabajando desde 2023 la Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones; el Servicio Andaluz de Salud; la Subdirección de Adicciones e Inclusión; el Programa de Salud Mental; y la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, establece el nombramiento de referentes en los dispositivos asistenciales de las distintas redes para facilitar la puesta en contacto, la comunicación y el intercambio de información sobre los menores que entran en la red de Justicia Juvenil o terminan de cumplir las medidas dictadas por la autoridad judicial que deben ejecutarse en los centros de Justicia Juvenil.
El protocolo regula los contactos mínimos que deben realizar los profesionales de cada red implicados en la atención de un menor, así como los momentos en que deben producirse esos contactos y el intercambio de información mediante informes o llamadas telefónicas.
Asimismo, el documento obliga a proporcionar citas en la red de salud mental o en la de adicciones en plazos acotados, especialmente cuando se trata de menores muy vulnerables afectados por trastornos mentales graves que salen de centros terapéuticos cerrados de los dispositivos de Justicia Juvenil.
También facilita que los menores internados en centros accedan al tratamiento farmacológico a través de los referentes de atención primaria.
Con el objetivo de avanzar en la implantación del protocolo, se ha acordado actualizar este mismo año los listados de referentes de las distintas redes, mantener una reunión entre los profesionales de las diferentes redes, completar el mapa de reuniones provinciales e incluir a Justicia Juvenil en la implantación de las medidas del Proyecto Europeo sobre el Sistema de Protección, Salud Mental y Bienestar Emocional.
Antonio Sanz ha asegurado que una de las premisas que han guiado a este Gobierno ha sido “fortalecer los lazos de coordinación para optimizar los recursos; dar respuestas más ágiles y reducir la burocracia entre las consejerías”. Como ejemplo, ha citado este protocolo; el Plan de Prevención de la Conducta Suicida en los centros escolares firmado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que “vamos a actualizar tras dos años de vigencia en los centros”; y la instrucción en los centros de Salud Mental y de Atención Primaria “ante posibles discrepancias en la atención de menores con los padres respecto a las tratamientos y visitas que reciben”.
José Antonio Nieto ha destacado la “importancia que tiene este protocolo para la intervención con los menores infractores y completar así su programa de reeducación”. Además, ha señalado que el sistema de Justicia Juvenil andaluz es un referente y que “con medidas como estas seguimos mejorando su calidad”. En este sentido, ha recordado la puesta en marcha de medidas para seguir avanzando y mejorando los recursos disponibles como la puesta en marcha del Observatorio de Justicia Juvenil, el primero de carácter público en nuestro país y en Europa.
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