El etiquetado de los flotadores, manguitos y otros artículos infantiles de ayuda a la flotación deberá incluir, de forma obligatoria, la advertencia explícita de que estos productos no protegen del ahogamiento. Así lo ha recalcado la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, que ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a garantizar la seguridad de estos artículos, especialmente durante la temporada de verano.
Según la información difundida por la Consejería de Salud y Consumo, estos productos están considerados artículos industriales. Por tanto, si se comercializan dentro de la Unión Europea, deben portar el Marcado CE. Este distintivo indica que la empresa fabricante o el responsable legal del artículo ha evaluado el producto y verificado que cumple los requisitos comunitarios de seguridad, sanidad y protección medioambiental. Además, el etiquetado debe estar al menos en castellano e incluir el nombre de la entidad fabricante, las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso.
Las etiquetas deben especificar claramente que todas las cámaras de aire del producto deben estar completamente hinchadas antes de utilizarlo en el agua. Asimismo, deben advertir de que estos artículos no previenen el ahogamiento. En el caso específico de los manguitos, las instrucciones deben indicar que solo deben colocarse en la parte superior del brazo.
Otro requisito señalado es que estos productos deben utilizarse exclusivamente en zonas acuáticas donde el menor pueda mantenerse de pie, y siempre bajo una supervisión constante. Además, el etiquetado o embalaje tiene que indicar que el artículo solo puede ser empleado por personas que se encuentren dentro de la franja de peso y edad para la cual ha sido diseñado.
El folleto informativo que acompaña a estos productos también debe ofrecer instrucciones claras sobre el modo de hinchado y deshinchado, el sistema de cierre del tapón o válvula y cómo ponerse o quitarse el artículo de manera adecuada.
La Dirección General de Consumo, a través de los Servicios Provinciales de Consumo, lleva a cabo campañas de inspección periódicas para verificar que estos productos cumplen con la normativa vigente. En caso de que una persona consumidora detecte un artículo potencialmente inseguro, puede presentar una denuncia ante la Administración.
Cuando se recibe una denuncia o si los controles de la Administración revelan la posible inseguridad de un producto, el personal inspector procede a revisar la documentación del artículo y puede realizar análisis, pruebas de laboratorio o verificaciones presenciales para confirmar si cumple con los requisitos de seguridad establecidos.
Si se confirma que un producto no es seguro, se notifica inmediatamente a la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información entre administraciones autonómicas, nacionales y europeas. Esta red forma parte del Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos peligrosos no alimentarios. Gracias a este mecanismo, la información sobre las medidas adoptadas frente a productos peligrosos puede ser distribuida rápidamente entre las autoridades nacionales responsables de la seguridad.
Para resolver cualquier duda relacionada con este tipo de productos o con temas generales de consumo, la ciudadanía puede recurrir al servicio gratuito Consumo Responde, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Este servicio multicanal está disponible a través del número de teléfono 900 21 50 80, el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y la página web www.consumoresponde.es. También se puede acceder mediante sus perfiles en Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde), con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas, salvo festivos.
El asesoramiento también está disponible en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
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