El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, reunido en sesión plenaria en el municipio de Antequera con representantes de las ocho provincias andaluzas, ha alertado del impacto creciente del absentismo laboral sobre el tejido productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas de la comunidad autónoma. La reunión celebrada el 25 de junio de 2025 ha estado centrada en el análisis de los últimos datos publicados por Randstad Research y Adecco Institute, que revelan una tendencia preocupante para las pymes y micropymes andaluzas.
Según dichos informes, Andalucía cerró el año 2024 con una tasa de absentismo general del 6,2%, una cifra inferior al promedio estatal del 6,7%. En el caso del absentismo vinculado a incapacidades temporales por enfermedad común o accidentes no laborales, la comunidad autónoma registró un 4,9%, mientras que el conjunto nacional alcanzó un 5,2%. Pese a estas cifras aparentemente favorables, desde el Consejo se advierte que la prevalencia de bajas en España alcanzó un máximo histórico en 2024 con 53,3 procesos por cada 1.000 trabajadores, una situación que también se refleja en Andalucía. Durante el último trimestre del año pasado, la región contabilizó un 6,86% de absentismo laboral, por debajo del 7,4% del promedio nacional.
El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández, ha señalado que "que Andalucía esté por debajo de la media no significa que el problema sea menor para nuestras empresas". Ha subrayado que “las pymes y micropymes, que forman la base de nuestro tejido productivo, no tienen la capacidad de asumir con facilidad las consecuencias de una baja prolongada. Cuando un empleado falta durante semanas o meses, el impacto no se reparte: recae de lleno sobre estructuras empresariales pequeñas y con recursos limitados”.
Durante el encuentro, el colectivo de Graduados Sociales ha resaltado que un número creciente de las bajas prolongadas están asociadas a trastornos de salud mental como ansiedad o depresión. Estas situaciones tienen una duración media superior a los 100 días y, según el Consejo, suponen no solo un coste económico y organizativo para las empresas, sino también un desafío en los planos humano y legal. “Las listas de espera para acceder a atención especializada, especialmente en salud mental, son un factor clave en la duración de muchas bajas”, ha explicado Fernández. Ha afirmado que “necesitamos un sistema público sanitario más ágil, que permita diagnósticos y tratamientos en tiempo y forma. Solo así se podrá evitar que bajas temporales se conviertan en ausencias crónicas que debilitan a nuestras empresas y, con ellas, al conjunto de la economía andaluza”.
Entre las propuestas planteadas, el Consejo ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de control e inspección de las incapacidades temporales sin menoscabar los derechos laborales, y ha solicitado la creación de mesas de trabajo con la administración andaluza desde los ámbitos sanitario y laboral. Igualmente, ha apostado por una colaboración más estrecha con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Junta de Andalucía para optimizar la gestión de las bajas por enfermedad común y accidente.
Como medida concreta, el Consejo Andaluz ha propuesto que las mutuas colaboradoras puedan tener la facultad de emitir altas médicas en casos de enfermedad común, una competencia que actualmente está limitada a los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Según la entidad, “si se les facultara para intervenir también en procesos de enfermedad común, se agilizarían notablemente los procedimientos y se reduciría la carga del sistema público de salud”. Hasta que se introduzcan estos cambios, advierten que “seguiremos viendo cómo la lentitud administrativa en el ámbito sanitario genera problemas añadidos y perjuicios tanto para las empresas como para los trabajadores”.
Fernández ha defendido que “los derechos sociales no pueden desvirtuarse hasta convertirse en privilegios mal justificados. Cuando se producen abusos, las primeras en sufrirlo son las pequeñas empresas, que no pueden hacer frente ni a los costes ni a la inseguridad jurídica que generan estos procesos”.
Como líneas prioritarias de actuación, el Consejo Andaluz ha propuesto una mayor dotación a los servicios de inspección médica en Andalucía, el refuerzo de la atención psicológica y psiquiátrica en el sistema sanitario público, la mejora de los canales de comunicación digital entre empresas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y la implementación de formación y orientación para que las pymes gestionen adecuadamente las bajas.
El Consejo ha reiterado su compromiso con un sistema de bajas laborales justo, equilibrado y sostenible, y ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para establecer un marco de cooperación que dé respuesta eficaz a un fenómeno que compromete la competitividad empresarial y el bienestar de los trabajadores.
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