La Junta de Andalucía ha decidido modificar el marco legal que regula las autorizaciones de vehículos de turismo con conductor (VTC) ante el incremento exponencial de solicitudes registradas en los últimos meses. Con esta finalidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que introduce nuevos requisitos en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, con el objetivo de establecer un sistema que garantice el equilibrio del sector y la sostenibilidad del servicio.
Esta iniciativa legislativa responde a un cambio en el comportamiento del mercado desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en junio de 2023 la proporción 1/30, que limitaba las licencias de VTC a una por cada treinta taxis existentes. En su sentencia, el tribunal estableció que sólo podían aplicarse criterios de interés general como la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como la protección del medio ambiente. A raíz de esta decisión, el Gobierno estatal introdujo a través del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, un nuevo requisito para otorgar autorizaciones de VTC basado en la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
Durante los primeros meses tras la entrada en vigor de la normativa estatal, en junio de 2023, únicamente se recibieron 23 solicitudes en toda Andalucía. No obstante, desde el 1 de enero hasta mediados de abril, el número de solicitudes aumentó drásticamente hasta alcanzar las 1.373, en contraste con las 3.713 autorizaciones de VTC actualmente vigentes. Esta proliferación se ha vinculado a la expansión de vehículos eléctricos, que quedan exceptuados del cumplimiento de los criterios medioambientales y que podrían provocar un crecimiento descontrolado de este tipo de autorizaciones, generando tensiones en el equilibrio con el sector del taxi.
Ante esta situación, se pondrá en marcha un estudio técnico que analizará la gestión de la oferta de transporte en vehículos taxi y VTC en Andalucía. El estudio permitirá establecer criterios objetivos para la concesión de autorizaciones, conforme al régimen jurídico estatal que permite a las comunidades autónomas imponer condiciones con el fin de garantizar la buena gestión del transporte. Entre los factores a analizar se encuentran la dimensión actual del servicio, la calidad del mismo y la dimensión adecuada de la flota, con el objetivo de determinar un coeficiente de equilibrio entre la oferta y la demanda.
Mientras se realiza este estudio, el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía suspende temporalmente las autorizaciones ordinarias para VTC. Esta suspensión afecta tanto a las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor del decreto como a las que estén pendientes de resolución en cualquier fase del procedimiento, y tendrá un periodo máximo de aplicación de dos meses.
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