La exigencia de soluciones inmediatas para el personal de las Unidades de Valoración de la Dependencia por parte de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa un cúmulo de denuncias que describen un panorama de precariedad y abandono. SAF, CSIF, ISA, CCOO y UGT han coincidido en calificar la situación del colectivo de valoradoras y valoradores como “insostenible”, y han reiterado la necesidad de actuar ante el agravamiento de las condiciones laborales de estos profesionales.
En concreto, los sindicatos han acusado a la Junta de Andalucía de incumplir reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según explican, se realizan “evaluaciones de riesgos ficticias”, se aprueban “planificaciones preventivas inventadas” y hay una “falta de formación e información a los representantes del colectivo”. Añaden que el diseño de aplicaciones incrementa la carga psicosocial y critican que no se les suministre un vehículo como equipo de trabajo, a pesar de que la Inspección de Trabajo así lo exige. Además, denuncian que se pretende ampliar aún más su zona de cobertura.
“La Administración señala a este personal cuando se habla de los terribles atrasos que acumula el sistema de Dependencia, ocultando las difíciles condiciones de su ejercicio y las gravísimas carencias de personal”, han señalado desde las organizaciones sindicales. Subrayan que la Relación de Puestos de Trabajo data de 2008 y no está cubierta en su totalidad, mientras que “en estos casi 20 años la población a atender ha aumentado, ha envejecido y se ha redistribuido, sin que la Junta acometa la labor de refuerzo de personal que corresponde”.
El conflicto en torno a la movilidad del personal valorador se mantiene desde la creación del sistema. Los sindicatos recalcan que en los requisitos para acceder a estas plazas no figura la obligación de disponer de carnet de conducir ni de vehículo propio, lo que, en su opinión, implica que “dicho vehículo tendría que ser suministrado por la empresa”. Sin embargo, denuncian que se exige a este colectivo utilizar sus propios medios para realizar valoraciones a domicilio sin recibir compensaciones adecuadas. No se cubren los costes de reparación, los gastos de aparcamiento, ni los riesgos derivados de los desplazamientos frecuentes. “Se han producido accidentes que han supuesto siniestro total del vehículo, sin que la Junta compense absolutamente nada”, insisten las fuentes sindicales.
Otro aspecto destacado por los sindicatos es la carencia de un puesto físico. Afirman que, al realizar sus informes y tareas administrativas, el personal debe adaptarse a “establecimientos hosteleros de la zona o a la propia vía pública”, ya que sus visitas domiciliarias no les permiten contar con un despacho. A esta precariedad se suma la incertidumbre sobre las condiciones de los lugares visitados: “Cuando entras en un domicilio no sabes qué te vas a encontrar: desde familiares con enfermedades mentales, hasta animales agresivos, aseos sucios, etc. Incluso hemos llegado a sufrir coacciones y secuestros temporales”.
La gestión de las agendas de visitas también es motivo de preocupación. El personal valorador, según los sindicatos, no tiene capacidad para organizar sus rutas, lo cual aumenta los riesgos en la atención domiciliaria. Las visitas se producen sin información previa suficiente, lo que ha derivado en episodios de violencia o acoso.
Los representantes sindicales advierten que la carga de trabajo se ha duplicado sin reforzar el equipo humano. “Hasta ahora, se valoraba a la persona, y a posteriori otros profesionales elaboraban el Plan Individual de Atención. Ahora, en menos tiempo, hay que hacer el doble de tarea. Es imposible hacerlo con la misma calidad”.
También critican la política de externalización del trabajo administrativo en empresas privadas, lo que “genera problemas en las rutas, no se tiene en cuenta la conveniencia logística de los desplazamientos ni la naturaleza de los casos a atender”. Al no cubrirse las plazas de personal administrativo, el personal valorador se encuentra con obstáculos añadidos que dificultan su labor.
“El personal vive en una situación de estrés y ansiedad continuada”, advierten desde los sindicatos. El tiempo para realizar cada visita se ve reducido drásticamente por las tareas de desplazamiento, aparcamiento, redacción de informes y burocracia añadida, lo que incide directamente tanto en la calidad del servicio como en la salud del personal implicado.
Las organizaciones sindicales han concluido su denuncia reclamando a la Junta de Andalucía que “cumplan sus promesas y compromisos con las personas en situación de dependencia, y cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales poniendo a disposición de las Unidades de Valoración de la Dependencia los recursos materiales y humanos necesarios para proporcionar a su personal unas condiciones dignas y saludables de trabajo que les permita realizar sus tareas de forma eficiente y satisfactoria para la ciudadanía en situación de dependencia”.
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