La costumbre de sacar sillas y mesas a la puerta de casa para "tomar el fresco", tan común en muchas calles de pueblos y ciudades de España durante las noches cálidas, ha sido puesta en tela de juicio por un aviso reciente de la Policía Local de Santa Fe, Granada. A través de un comunicado en redes sociales, los agentes recordaron que esta práctica está sujeta a regulación por las ordenanzas municipales sobre ocupación de la vía pública, generando así una oleada de comentarios y reacciones en internet.

En el mensaje difundido, la Policía Local explicó que, aunque esta escena vecinal forma parte del paisaje habitual de muchas localidades, no se encuentra exenta de control legal. "Sabemos que sacar sillas o mesas a la puerta es tradición en muchos pueblos, pero la vía pública está regulada. Si la Policía pide retirarlas, hazlo por respeto y convivencia. Con civismo y sentido común no hay molestias. ¡Gracias por colaborar!", indicaba el comunicado oficial.

El aviso fue acompañado de una imagen en la que varias mujeres mayores aparecen sentadas en la entrada de su vivienda, lo que potenció aún más el debate. La publicación superó los 1,7 millones de visualizaciones y desató miles de comentarios, muchos de ellos expresando incredulidad o ironía ante lo que perciben como un doble rasero en la aplicación de la normativa.

Algunos ciudadanos criticaron la aparente contradicción entre la tolerancia hacia las terrazas comerciales y las limitaciones impuestas a una tradición gratuita de socialización. "Todo el mundo sabe que las aceras son para las terrazas de los bares. El ocio gratuito de charlar con las vecinas no cabe en esta sociedad", ironizó una usuaria, resumiendo el sentir de quienes consideran injusta la diferencia de trato entre negocios y particulares.

El marco normativo varía según el municipio, aunque en términos generales exige una autorización para ocupar la vía pública, incluso para establecimientos hosteleros. En ciudades como Madrid o Barcelona, las sanciones por instalar elementos sin permiso pueden alcanzar los 750 y 500 euros respectivamente. Sin embargo, algunas localidades han hecho excepciones, como es el caso de Cullera, en Valencia, cuya ordenanza municipal reconoce expresamente la práctica de sacar la silla a la calle como "tradición histórica" y permite su ejercicio sin necesidad de autorización.

Para los bares y restaurantes, la normativa suele ser más estricta: deben solicitar permiso anual, delimitar con precisión el espacio autorizado y mantener distancias mínimas para no obstruir el paso y garantizar la seguridad. Las autoridades locales están facultadas para ordenar la retirada inmediata de mobiliario no autorizado y, en caso de incumplimiento reiterado, pueden revocar la licencia de ocupación.

La Policía Local subrayó que el principio rector de estas regulaciones es la convivencia vecinal y el respeto al espacio común. En ese sentido, insistió en que "si se solicita la retirada de sillas o mesas, debe hacerse por respeto a la normativa y a los demás ciudadanos", apelando nuevamente al civismo y el sentido común como mecanismos de equilibrio entre tradición y ordenamiento legal.

Mientras en Santa Fe se recuerda la necesidad de respetar la normativa sobre el uso de la vía pública, en el municipio gaditano de Algar se impulsa una iniciativa para que las 'charlas al fresco' sean reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Desde 2021, el Ayuntamiento de Algar trabaja en este proyecto, que ya cuenta con el respaldo de más de 50 municipios andaluces, así como de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. El objetivo es preservar esta tradición que, según el alcalde José Carlos Sánchez, representa un elemento de comunicación y cohesión social que merece ser protegido y transmitido a las generaciones futuras .

 


 

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