El Ministerio de Transportes ha comunicado a la Junta de Andalucía la retirada de las ayudas destinadas a financiar la gratuidad del transporte público para menores de 14 años en la comunidad andaluza. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de una de las condiciones impuestas por el Gobierno central, que requería que todas las acciones de comunicación o difusión relacionadas con estas ayudas incluyeran de forma expresa que los fondos proceden del Estado.
Según una carta remitida por el Ministerio de Transportes a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, el Ejecutivo considera que la Junta ha vulnerado el principio de lealtad institucional al anunciar esta bonificación sin especificar el origen estatal de la financiación. El documento, firmado por el director general de Estrategias de Movilidad, Miguel Álvarez Martínez, señala que estos incumplimientos "abocan, lamentablemente, a la imposibilidad de conceder las ayudas solicitadas por esa administración".
El Ministerio interpreta la omisión como una infracción grave del acuerdo alcanzado entre administraciones y argumenta que no se ha respetado la obligación de visibilizar la colaboración institucional. Esta exigencia se considera esencial para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y para informar correctamente a la ciudadanía sobre el origen de los fondos utilizados. En consecuencia, la administración central ha indicado que no podrá autorizar la entrega de los fondos correspondientes, lo que implica la retirada de la financiación prevista para esta iniciativa.
Tras el anuncio de la consejera Rocío Díaz sobre la gratuidad del transporte público para menores de 14 años, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reiteró que "la gratuidad hasta los 14 años la sufraga el Gobierno de España, no la Junta de Andalucía". El ministro añadió que la infracción es aún más grave porque "el anuncio se hace en la propia web oficial de la Junta de Andalucía, incumpliendo de forma clara la Ley", y advirtió que "esto va a traer cola".
Fuentes del Gobierno andaluz han respondido a la decisión del Ministerio señalando que emprenderán "todo tipo de acciones, incluidas las penales, ante una decisión injusta y arbitraria". En la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, califican esta resolución como una "quiebra" de la lealtad institucional y aseguran que "Andalucía debe ser respetada". Las acciones legales irían dirigidas contra el propio ministro Óscar Puente.
Desde la Consejería de Fomento han calificado esta medida como "un nuevo ataque a Andalucía" y han acusado al Ejecutivo central de "privar a los jóvenes andaluces de las bonificaciones al transporte público". También han manifestado su incertidumbre sobre si se mantendrá la gratuidad para menores de 14 años a partir del próximo 1 de julio, calificando esta situación como un "ataque desproporcionado más a los andaluces". Desde el Gobierno andaluz han concluido que "no vamos a tolerar más agravios a Andalucía".
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