El servicio de emergencias 112 Andalucía comienza el año 2025 en huelga, según ha confirmado la Confederación General del Trabajo (CGT), que mantiene su calendario de movilizaciones. Esta protesta se desarrolla en un contexto de desacuerdo con la Junta de Andalucía, que ha implementado cambios estructurales en el sistema de emergencias de la comunidad autónoma.

El conflicto radica en la decisión de la Junta de no integrar al personal del 112 en la nueva Agencia de Emergencias y Seguridad de Andalucía (ASEMA), cuyos estatutos fueron publicados el 31 de diciembre de 2024 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La CGT denuncia que “más de 5 millones anuales de dinero público van a parar a la cuenta de resultados de Ilunion Emergencias”, empresa del grupo ONCE que gestiona el servicio subcontratado, y que "sin aportar absolutamente nada se enriquece a costa de las desgracias, de las urgencias y emergencias de las andaluzas y andaluces". Asimismo, el sindicato critica las condiciones laborales de los operadores, señalando que trabajan "día y noche para ayudar y cuidar de la población" en condiciones de precariedad.

La CGT también ha tachado de "patética e impresentable" la campaña promocional #AndalucíaTeCuida de la Junta, difundida en redes sociales, argumentando que esta muestra una realidad que no se corresponde con las condiciones laborales y operativas del 112. El sindicato sostiene que la campaña utiliza a un trabajador subcontratado para proyectar una imagen socialmente aceptable, mientras que “las imágenes no dejan lugar a dudas sobre el vacío de las salas de coordinación de emergencias y la absoluta falta de personal para atender y cuidar a las personas”.

Además, CGT señala que el gobierno autonómico liderado por Juanma Moreno sigue fomentando un modelo de gestión que convierte al 112 en un negocio lucrativo. Según el sindicato, la concesión del servicio supone más de 16 millones de euros anuales, de los cuales una parte significativa se destina a Ilunion Emergencias, que también gestiona otros servicios como el 061 y Salud Responde. CGT acusa a la Junta de utilizar recursos públicos para “lucrar a empresas privadas”, mientras los profesionales del 112 trabajan con “condiciones laborales y salariales impropias para un personal altamente cualificado y precarizado”.

El sindicato concluye que este modelo de privatización, combinado con la exclusión del personal del 112 de ASEMA, genera un ambiente de frustración y precariedad laboral que ha desembocado en las movilizaciones actuales.

 


 

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