El Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz (UCA) acoge este jueves 23 de mayo la XXXI Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, con la participación de más de 65 representantes de 46 facultades públicas y privadas del sistema universitario español. El acto inaugural fue presidido por el rector de la UCA, Casimiro Mantell, junto al presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, Javier Fernández, y la vicedecana de Ordenación Docente y Prácticas de la Facultad de Derecho de la UCA, Isabel Villar. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó en el encuentro de forma telemática.
La conferencia de apertura fue impartida por Mariana Solari, coordinadora del grado en Criminología y Seguridad de la Facultad de Derecho de la UCA, quien abordó el uso de la inteligencia artificial (IA) en los estudios de grado y posgrado jurídicos en España. Solari destacó que "la integración de la inteligencia artificial en los estudios de grado y posgrado jurídicos está revolucionando el ámbito educativo y profesional del Derecho, ya que, de su mano, puede mejorar de manera significativa la eficiencia y precisión en la investigación y gestión de información jurídica, además de personalizar y ofrecer experiencias de aprendizaje más dinámicas y participativas". También señaló la necesidad de abordar el sesgo en los algoritmos de IA y la importancia de la protección de datos mediante políticas claras sobre ética, privacidad y equidad.
El próximo viernes, Susana Quicios, directora de la División de Evaluación de Profesorado y secretaria de la CNEAI, presentará la ponencia sobre el 'Nuevo procedimiento para la obtención de la acreditación estatal para el acceso a cuerpos de Profesor/a Titular y Catedrático/a de Universidad y nuevos criterios de evaluación de los sexenios en el campo del Derecho'.
Durante el encuentro, Félix Bolaños subrayó la relevancia de estos foros, ya que las facultades son el primer punto de encuentro de los profesionales con el Derecho. Anunció que en los próximos días se convocarán nuevas becas para preparar las oposiciones de la carrera judicial de la Administración de Justicia, aumentando significativamente su importe para que todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos, puedan acceder a estos puestos en la administración del Estado.
La conferencia, que representa a 72 universidades públicas y privadas y a más de 100.000 alumnos y alumnas, propuso introducir en ESO y Bachillerato materias relacionadas con el Estado, la Constitución, los Estatutos de Autonomía, los Derechos Humanos, la Política y el Derecho. Según el rector de la UCA, esta propuesta busca "implicar a los jóvenes en la construcción de una sociedad justa y equitativa".
La Conferencia también destacó la necesidad de reforzar la docencia práctica del Derecho mediante clases teórico-prácticas en juzgados y tribunales, la estructura de las Clínicas Jurídicas y la tutela de las prácticas por parte de despachos y tutores profesionales. Las decanas y decanos reclamaron infraestructuras como salas de vistas, laboratorios de legaltech, aulas de informática y tecnología, y salas para mediación.
Otro tema de debate fue la distribución de contratos predoctorales en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con la Conferencia asegurando que las administraciones públicas no asignan estos contratos de manera equitativa. En el curso 2021/2022, se graduaron 12.200 estudiantes de Derecho y 7.500 de másteres jurídicos, pero solo se asignaron 24 contratos predoctorales. Además, más del 40% de los nuevos doctores en Ciencias Sociales y Jurídicas tienen 40 años o más, lo que dificulta el relevo generacional en las facultades jurídicas.
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