El Defensor del Pueblo Andaluz ha informado sobre las actuaciones en curso para proteger el yacimiento arqueológico de Las Cumbres, situado en la Sierra de San Cristóbal, entre los términos municipales de El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. La intervención se produce tras una queja presentada por las actividades que amenazan el enclave, afectado por la práctica de motocross, quads y bicicletas, así como por actos vandálicos que deterioran las estructuras arqueológicas y los materiales cerámicos presentes en la zona.

El Defensor solicitó informes a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz y al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para conocer la situación. Según el informe remitido por la Delegación, el Poblado de Las Cumbres, excavado por Ruiz Mata entre 1985 y 1991, pertenece a la época turdetana (siglos IV y III a.n.e.) y fue posteriormente cubierto por la imposibilidad de garantizar su protección. La Delegación reconoce que el enclave “carece de toda protección efectiva”, pese a ser un Bien de Interés Cultural (BIC) integrado en la zona arqueológica del Castillo de Doña Blanca desde el Decreto 82/2001, de 13 de marzo, que delimita el conjunto arqueológico.

El informe detalla que el yacimiento está legalmente protegido y su conservación recae, en primer término, en el propietario del terreno, identificado como Transportes y Canteras Portuenses, S.L.. No obstante, la Delegación confirma que se están realizando gestiones “para identificar fehacientemente a los propietarios y determinar las acciones futuras”, que incluirían la remisión de escritos recordando “la obligatoriedad de conservación del BIC”.

Entre las conclusiones del informe de la Delegación Territorial, se subraya que el yacimiento está señalizado y delimitado, aunque se revisará el estado de los elementos informativos y de señalética. Se advierte de que se han constatado “evidencias suficientes de la realización de actividades incompatibles con su adecuada conservación, como la práctica de motocross y la circulación con mountain-bike”. Por ello, se plantea informar de los hechos a la Guardia Civil (SEPRONA) y a la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, con el fin de prevenir daños mayores.

El documento también plantea valorar si las actividades sobre el terreno son “puntuales u organizadas” y, en este último caso, depurar posibles responsabilidades administrativas de los ayuntamientos de El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, consultando si han recibido solicitudes o autorizado eventos en la zona. Además, se propone elaborar un informe sobre el estado de los elementos de protección y señalización existentes, para plantear mejoras ante la Consejería competente.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María remitió su informe tras varios requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz, en el que expone que el yacimiento forma parte del conjunto Castillo de Doña Blanca, declarado BIC conforme a la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El consistorio reconoce la existencia de “actos vandálicos que afectan gravemente a la conservación del enclave”, y aclara que su papel es auxiliar y de colaboración, ya que la “responsabilidad principal y directa sobre la protección, conservación, tutela y gestión del yacimiento” recae en la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento insiste en que no tiene atribuidas competencias exclusivas sobre el enclave, salvo que la Junta lo determine formalmente mediante instrumentos legales. “La responsabilidad administrativa y jurídica de velar por la conservación del yacimiento corresponde a la Junta de Andalucía”, señala el informe municipal, que también destaca que su función es “colaborar en tareas de difusión, sensibilización y apoyo a la vigilancia, en coordinación con las fuerzas de seguridad”.

El consistorio añade que los actos vandálicos y de expolio “no constituyen un problema atribuible a una falta de colaboración municipal”, y reitera su disposición a “valorar propuestas o medidas” que planteen la Junta, el Defensor del Pueblo o las entidades denunciantes, siempre que sean compatibles con sus competencias y recursos.

Tras analizar los informes recibidos, el Defensor del Pueblo Andaluz valora positivamente las actuaciones emprendidas por las administraciones implicadas, aunque advierte sobre la persistencia de “prácticas de riesgo” y “eventos potencialmente incompatibles con la conservación del BIC”. Asimismo, destaca la necesidad de reforzar la señalética, mejorar la vigilancia y coordinar la intervención de los cuerpos de seguridad, especialmente ante los casos de vandalismo y expolio detectados.

El Defensor subraya que continuará realizando labores de seguimiento y mediación institucional para garantizar la protección y conservación del yacimiento arqueológico de Las Cumbres, situado en la Sierra de San Cristóbal, en el término municipal de El Puerto de Santa María, y reitera su compromiso de impulsar la tutela del patrimonio histórico y artístico andaluz.

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