El alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Carlos Moscoso González, ha emitido un comunicado público en el que denuncia haber sido objeto de "acoso y persecución mediática" en las últimas semanas y anuncia que emprenderá acciones judiciales contra quienes, según sus palabras, difaman y atacan su labor al frente del municipio.
En su mensaje, difundido el sábado 3 de mayo de 2025, Moscoso ha expresado su rechazo a lo que considera una campaña impulsada "desde el rencor y la mentira", y ha asegurado que quienes la promueven "no buscan justicia ni mejoras, solo buscan dividir, ensuciar y hacer daño". El alcalde ha manifestado que estos ataques afectan tanto a su persona como a su familia y al conjunto del pueblo, subrayando: "no permitiré que nadie ataque a nuestros vecinos, a mi familia, a nuestro pueblo".
Moscoso ha destacado su trayectoria de 26 años como alcalde del municipio y ha afirmado que Villaluenga del Rosario atraviesa "uno de los mejores momentos" de su historia. Además, ha insistido en que continuará trabajando "con todas mis fuerzas", con el respaldo de la ciudadanía.
En su comunicado, el alcalde ha anunciado que presentará "acciones judiciales para que quienes difaman, insultan y dañan no queden impunes", con el objetivo de defender su honor, el de su familia y "el buen nombre de Villaluenga del Rosario".
Estas declaraciones se producen horas después de que su esposa, Elisa Sánchez Girón, presentara su renuncia irrevocable como jueza de paz del municipio. La decisión se conoció tras la publicación de una información que señalaba una posible incompatibilidad con dicho cargo, debido a su condición de militante del PSOE. Según recoge el Reglamento 3/1995 de los jueces de paz, no pueden ejercer esta función quienes pertenezcan a partidos políticos o sindicatos.
El alcalde ha argumentado que desconocía esta incompatibilidad y que el cargo que ocupaba su esposa era "honorífico y no remunerado", además de señalar que el nombramiento fue realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, la designación ha sido criticada por el Partido Popular, que ha exigido explicaciones y ha planteado la posibilidad de acudir a la Fiscalía.