La Diputación de Cádiz ha reiterado su voluntad de iniciar la segunda fase del proyecto de 32 viviendas de protección oficial en Vejer de la Frontera en cuanto el Ayuntamiento salde las deudas pendientes con la Empresa Provincial de Vivienda. La institución provincial ha subrayado que mantiene tanto la partida presupuestaria como la voluntad política para ejecutar esta promoción, que cuenta ya con viabilidad técnica y un registro activo de demandantes.
El proyecto permanece en espera a la resolución de una deuda viva de 140.000 euros que el Ayuntamiento mantiene con la Empresa Provincial de Vivienda, requisito indispensable para garantizar la viabilidad económica de la segunda fase. Según ha informado la Diputación, los trabajos técnicos están definidos y solo resta que el Consistorio vejeriego cumpla sus compromisos financieros para poder dar continuidad a las obras. En un escrito remitido al Ayuntamiento, se señala que “los trabajos técnicos están definidos; estaremos encantados de dotar de un nuevo impulso a este proyecto una vez podamos aclarar su viabilidad económica. Reiteramos nuestra solicitud en este sentido al Ayuntamiento de Vejer para que cumpla con sus compromisos”.
Además, la Diputación ha asumido un sobrecoste de 160.000 euros para solventar un proceso judicial con la empresa Moneleg que mantenía paralizado el proyecto, sin esperar compensación por parte del Ayuntamiento, lo que la institución provincial considera una muestra de su compromiso con la promoción. La primera fase del proyecto ya fue ejecutada, y la segunda está valorada en 4,2 millones de euros, con un déficit actual estimado de 290.000 euros.
El diputado provincial y consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda, José Manuel Cossi, ha sido el encargado de explicar la situación en el Pleno de octubre, tras la protesta escenificada por el equipo de Gobierno de Vejer, encabezado por el alcalde Antonio González Mellado, que denunció un supuesto agravio comparativo con otros municipios. Cossi aclaró que la Diputación ha cumplido con todos los trámites técnicos y que “en todo momento se ha mantenido la partida presupuestaria y la voluntad política para construir las 32 viviendas de protección oficial proyectadas en Vejer”.
El diputado ha negado que exista ningún trato desigual y ha recordado que “en esta Diputación se ha atendido a Vejer de la misma manera que al resto de municipios”. En su intervención, añadió que actualmente se están desarrollando proyectos habitacionales en San Roque, Trebujena, Algodonales, Paterna y Medina Sidonia. Cossi insistió en que “no hay ninguna duda de que se está trabajando con total claridad y priorizando los objetivos de esta Diputación de asistir a los municipios más pequeños y con mayores necesidades, independientemente de los colores políticos”.
Asimismo, ofreció al alcalde de Vejer su colaboración para desbloquear la situación: “Quedo a su entera disposición para desbloquear la segunda fase que nos refieren”, y adelantó que se ofrecerán facilidades de pago al Ayuntamiento para que pueda afrontar la deuda. Subrayó también que los temas complejos “desde el punto de vista legal y técnico se resuelven trabajando, no con fotos ni performances”.
La Diputación ha recordado que la Empresa Provincial de Vivienda ha solicitado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Vejer el abono de las cantidades pendientes, que continúan aumentando. Entre ellas, la deuda de más de 140.000 euros derivada de la obra de 52 viviendas en la calle Granados y los costes por la negativa del Consistorio a aceptar la cesión gratuita de dos locales en la promoción de 73 VPO, lo que ha supuesto hasta ahora casi 61.000 euros en impuestos locales y estatales. La institución provincial considera que comprometer una segunda fase de estas obras sin haber resuelto estas obligaciones podría sí suponer un agravio comparativo respecto a otros municipios.
Por último, la Empresa Provincial de Vivienda mantiene actualmente nueve viviendas en régimen de alquiler de una promoción propia de 73 en Vejer, cuya gestión y financiación continúa activa para facilitar el acceso a la vivienda a los demandantes inscritos en el registro del municipio.