Solo el 5,5 por ciento de los centros docentes públicos de la provincia de Cádiz dispone actualmente de sistemas de bioclimatización, según denuncia CSIF, que reclama a la Junta de Andalucía medidas urgentes y soluciones permanentes frente a las altas temperaturas que cada año afectan a las aulas andaluzas.
El sindicato, mayoritario en la educación pública andaluza, sostiene que buena parte de los centros educativos públicos continúan sin estar preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados. Según los datos de la propia Administración citados por la organización sindical, el porcentaje de centros con sistemas de bioclimatización ronda el 11 por ciento en Andalucía y apenas alcanza el 5,5 por ciento en la provincia gaditana.
CSIF advierte de que esta situación afecta tanto a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales de los centros educativos como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.
La organización sindical subraya que el problema tiene una especial incidencia en las zonas de interior de la provincia, como Jerez, la Campiña y la Sierra de Cádiz, donde las temperaturas suelen alcanzar registros más elevados.
Aunque la Junta de Andalucía dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor y episodios de altas temperaturas, CSIF considera que estas medidas no pueden convertirse en la respuesta principal a un problema que califica de estructural.
El responsable de Educación de CSIF Cádiz, Manuel Fernández, señala que no es suficiente con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Según indica, los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas.
El sindicato recuerda además que el calor en las aulas ya no es una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o al inicio de septiembre. A su juicio, los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con periodos lectivos ordinarios.
Manuel Fernández sostiene que las consecuencias van más allá de la incomodidad y afectan a la concentración, al rendimiento académico, a la salud laboral y a la atención del alumnado más vulnerable.
Asimismo, recuerda que la normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben representar un riesgo para trabajadores y usuarios, fijando para los trabajos sedentarios una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados.
CSIF lamenta también que hayan transcurrido seis años desde la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces sin que, según el sindicato, se haya desarrollado de forma efectiva.
Por ello, reclama acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 4.000 centros educativos públicos andaluces de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.
La organización exige además una planificación realista, financiación suficiente y una ejecución ágil para resolver una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.
Manuel Fernández concluye que los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero insiste en que no pueden sustituir las inversiones que requieren los centros educativos. En este sentido, afirma que el calor en las aulas constituye un problema educativo, laboral y de salud pública que requiere respuestas inmediatas y soluciones definitivas.