Las trabajadoras del servicio de limpieza de los Centros de Salud de la comarca Bahía de Cádiz y de la comarca de La Janda se enfrentan a lo que Autonomía Obrera ha calificado como un escenario de "maltrato laboral" sostenido, con la Junta de Andalucía como cómplice activa a través de la falta de fiscalización del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El sindicato ha denunciado públicamente "la falta de sensibilidad, ausencia de compromiso y clasicismo del Servicio Andaluz de Salud respecto a las condiciones laborales del personal de limpieza", señalando además "su absoluta indiferencia y desprecio hacia la Salud Laboral de este colectivo de trabajadoras".
El comunicado afirma que se trata de "un colectivo históricamente vulnerable, compuesto mayoritariamente por mujeres", que realiza sus tareas bajo exposición diaria a riesgos de toxicidad, los cuales "las empresas adjudicatarias se niegan sistemáticamente a reconocer, obstaculizando irresponsablemente su derecho a su reconocimiento". Autonomía Obrera acusa directamente a la Junta de Andalucía de ser "cómplice activo de ello", al permitir que estos riesgos se ignoren desde los pliegos de licitación.
Según denuncia el sindicato, las adjudicatarias recurren a "sus equipos jurídicos para distorsionar la realidad del riesgo laboral en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)", relegando la salud de las trabajadoras "a un segundo plano". Esta situación estaría provocada por "la insuficiente dotación económica de los Pliegos de Condiciones, que ignoran deliberadamente los derechos del colectivo", en palabras del comunicado. Añade que "la Junta de Andalucía deliberadamente provoca que la adjudicataria del servicio de limpieza no cumpla a costa de los derechos laborales del personal de limpieza".
En cuanto al expediente 2023/716765, el sindicato recuerda que fue anulado por el propio SAS tras el desistimiento de los Pliegos de Condiciones, como consecuencia de la resolución 24/24 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), de fecha 22 de enero de 2024. "Quedando suficientemente claro que la Junta de Andalucía elabora licitaciones las cuales provocan que se presenten empresas piratas que someten su modelo de servicio mutilando derechos laborales e incumpliendo sistemáticamente el Pliego de Condiciones".
La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) también denunció públicamente "la falta de dotación económica de los Pliegos de Condiciones de 2023", manifestando ante el SAS que el presupuesto asignado no permitía garantizar un servicio conforme a la normativa legal vigente. Autonomía Obrera indica que "de ello era consciente la Junta de Andalucía así como sus consecuencias, afectando a las trabajadoras y al servicio".
Actualmente, la empresa CLECE es la adjudicataria del servicio. Según la denuncia, ha incumplido durante años "la sustitución de las horas mínimas de obligado cumplimiento establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas", con la complicidad del SAS que "no ejerce su deber de fiscalización". Autonomía Obrera sostiene que "quien fiscaliza el Pliego de Condiciones es consciente de ello, mira hacia otro lado y permite los continuos incumplimientos que está llevando a cabo la empresa CLECE".
CLECE, "con el beneplácito de la Junta de Andalucía", estaría eludiendo su obligación de sustituir al personal ausente, lo que genera "una sobrecarga de trabajo inasumible para las trabajadoras". Esta práctica estaría provocando "altos índices de absentismo, cuyos efectos quieren atribuir mezquinamente al colectivo de trabajadoras en lugar de responsabilizar a las prácticas fraudulentas del SAS y las adjudicatarias".
Autonomía Obrera califica esta dinámica de ahorro de costes como un sistema que "mantiene beneficio económico a la empresa CLECE incumpliendo la Prevención de Riesgos Laborales". Según el sindicato, "las trabajadoras son la fuerza viva de este servicio y son las maltratadas por la Junta de Andalucía y la empresa CLECE".
Autonomía Obrera advierte sobre los riesgos de toxicidad e infección a los que se enfrentan diariamente las trabajadoras, subrayando que "más allá de los riesgos químicos y biológicos inherentes a la actividad, existe una realidad aún más alarmante: la limpieza de sangre, orines, heces y vómitos, sustancias que no son evaluadas ni analizadas". El sindicato destaca que estas tareas "generan una incertidumbre permanente sobre los riesgos de infección biológica que ni el propio SAS controla y las trabajadoras tienen que convivir diariamente".
En lugar de exigir mejoras en la financiación de los concursos públicos para garantizar condiciones laborales dignas, el sindicato acusa a CLECE de actuar "como cómplice de un sistema de explotación", priorizando el beneficio empresarial sobre la calidad del servicio. Esta situación estaría afectando tanto a las trabajadoras como "a los usuarios y al personal sanitario del SAS que trabaja en estos centros".
Autonomía Obrera también denuncia que CLECE recurre a "estrategias judiciales retorticeras" para evitar el reconocimiento de los riesgos laborales, con el único objetivo de mantenerse en un contrato presupuestariamente insuficiente. Según se afirma en el comunicado, "mientras el SAS sigue negándose a dotar económicamente los pliegos, CLECE continúa engordando su cuenta de miles de euros a costa de incumplimientos laborales, sin abonar las horas complementarias, ni el plus festivo según convenio", lo que se haría con la complicidad del SAS por su falta de fiscalización.
El sindicato ha denunciado también un comunicado emitido por CLECE con fecha del 4 de junio de 2025, en el que se insta al colectivo a no realizar determinadas tareas que evidencian el riesgo de toxicidad, pese a que "estas funciones han sido parte del trabajo habitual durante años". Autonomía Obrera califica esta medida como "una intromisión ilegítima en las funciones del colectivo de trabajadoras", señalando que se trata de una estrategia para no reconocer el plus de toxicidad que les corresponde, "a pesar de reconocerlo".
Además, acusan a CLECE de "hacer de escudero del SAS para no dotar económicamente el Pliego de Condiciones", con el objetivo de "seguir ostentando una situación de privilegio para conseguir la próxima adjudicación". El sindicato se pregunta: "¿Por qué no les prohíben limpiar la sangre, orines, heces y vómitos, sustancias que no son evaluadas ni analizadas, generando una incertidumbre permanente sobre los riesgos de infección biológica?", cuestionando la lógica de esta exclusión de funciones que históricamente han sido impuestas por la misma empresa.
Autonomía Obrera califica las recientes acciones de CLECE como "abrir la caja de pandora", al intentar modificar las funciones del colectivo para evitar el abono del plus de toxicidad. También se denuncia que la empresa ha actuado de forma "insolidaria hasta con su propia asociación (ASPEL), con tal de obtener su beneficio económico en estos contratos a base de ejercer el terrorismo laboral e incluso a coaccionar y amedrentar a miembros del Comité de Empresa".
El comunicado recuerda que "este colectivo estaba en primera línea de riesgo por COVID y era esencial", criticando que "todo es por no reconocerle su legítimo derecho al plus de toxicidad con el que conviven a diario".
Autonomía Obrera finaliza exigiendo "responsabilidad inmediata por parte del Servicio Andaluz de Salud, instándolo a dotar adecuadamente los pliegos para que recojan los derechos laborales del colectivo y no a que dejen de realizar funciones propias de su sector con tal de no cumplir con sus derechos laborales". Asimismo, responsabilizan directamente a CLECE "por mantener un modelo de gestión basado en el incumplimiento sistemático de sus obligaciones y el abuso laboral permitido por la complicidad del SAS".