La Fundación Juan Carlos Aragón ha difundido un comunicado en el que aborda la suspensión del homenaje y la retirada de honores a Juan Carlos Aragón Becerra tras la retirada de la Estrella del Carnaval, defendiendo “la realidad de los acontecimientos” relacionados con el procedimiento judicial que terminó con una condena por “lesiones, vejaciones leves y amenazas leves”. El texto, firmado por la presidenta de la fundación, Luisa Tejonero, sostiene que “es absolutamente incierto que la Sra. Francisca Pino sufriera malos tratos durante los años” de relación con Juan Carlos Aragón y asegura que el objetivo del comunicado es “contextualizar debidamente y ofrecer a la opinión pública los hechos tal y como quedaron jurídicamente probados y demostrados”.

El comunicado recoge que Francisca Pino Fernández interpuso una denuncia en el Juzgado de Chiclana de la Frontera, tramitada bajo las diligencias previas 498/2006, y que mediante un auto del 10 de noviembre de 2006 se acordó una orden de alejamiento contra Juan Carlos Aragón. Posteriormente, según el documento, “mediante Auto de dieciséis de noviembre de dos mil ocho” el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana de la Frontera dejó sin efecto la medida “al entender que era una medida desproporcionada dado que jamás interrumpieron la convivencia”.

La fundación cita literalmente parte de la comparecencia judicial atribuida a Francisca Pino Fernández: “Ante mí comparece Francisca Pino Fernández manifestando que en atención al niño y con la habitualidad que se efectúa el contacto con el imputado ante la asistencia al centro educativo del menor, se plantea ella la posibilidad de dejar sin efecto la orden de alejamiento”. El texto añade otra frase incluida en esa declaración: “Ella desea el archivo pronto o sobreseimiento de este procedimiento. Ella quiere cerrar todo este asunto”.

El comunicado también reproduce manifestaciones realizadas, según el texto, en el momento de notificarse la sentencia condenatoria. La fundación asegura que “la denunciante en ese mismo instante procesal manifiesta libre y voluntariamente su deseo de que el condenado no cumpla la medida de alejamiento” y cita literalmente: “Manifestó que estaba viviendo con el acusado y que no quería que se ejecutara la pena”.

Además, el documento señala que cuando se solicitó el indulto de las penas accesorias, Francisca Pino Fernández volvió a manifestar “de modo libre y voluntario” que no quería que se ejecutara la pena y que mostraba “su conformidad con la petición de indulto en todos sus términos”. El comunicado reproduce un fragmento del auto del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz del 3 de enero de 2011: “Se da además la circunstancia de que en el acto de la vista y al notificarse a la denunciante la medida de alejamiento ya en ese mismo instante manifestó que estaba viviendo con el acusado y que no quería que se ejecutara la pena”.

La fundación sostiene igualmente que “durante toda la tramitación de las diligencias previas” quedó patente “el deseo de la Sra. Francisca Pino de retirar la denuncia y que se sobreseyera las actuaciones judiciales”. También afirma que tras la sentencia Juan Carlos Aragón abandonó el domicilio familiar y alquiló un piso en Cádiz en diciembre de 2005, mientras que posteriormente “fue la Sra. Pino Fernández la que abandona su domicilio y se instala con Juan Carlos en Cádiz hasta que finalmente en 2015 Juan Carlos Aragón decide poner fin a la relación”.

Otro de los apartados del comunicado hace referencia a mensajes enviados, según la fundación, por Francisca Pino Fernández tras el matrimonio de Juan Carlos Aragón con Luisa Tejonero. El texto asegura que “ha enviado diversos mensajes a través de la aplicación WhatsApp en las que le pedía perdón a Juan Carlos por todo el daño que le había ocasionado durante los años de relación, le declaraba su amor” y le pedía “una foto actualizada de Juan Carlos con su hijo”. También indica que esas conversaciones tuvieron lugar “en el mes de Mayo de dos mil diecinueve, apenas quince días antes de su fallecimiento”.

La fundación añade que durante el año 2019 Francisca Pino Fernández felicitó a Juan Carlos Aragón por sus agrupaciones ‘Er Chele Vara’ y ‘La Gaditanísima’, e incluso “llega a mostrarle su malestar a Juan Carlos Aragón porque éste no le contesta a sus whatsapp”.

El comunicado también señala que desde el fallecimiento de Juan Carlos Aragón, Francisca Pino Fernández “ha acudido a actos en el que se homenajeaba a Juan Carlos Aragón” y “jamás puso el menor reparo, ni queja a todos esos actos y homenajes”. Además, sostiene que durante la vigencia de la orden de alejamiento acompañó a Juan Carlos Aragón a actuaciones en el Gran Teatro Falla, a la Gran Cabalgata del Carnaval, así como “en viajes de placer y vacaciones”.

La fundación expresa “enorme sorpresa” porque “más de quince años después de la condena, más de veinte años desde la denuncia y más de doce años desde la remisión definitiva de las penas” se haya hecho pública la sentencia. El comunicado añade que Juan Carlos Aragón “cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida”.

En otro de los apartados se afirma que “la única intención de este comunicado reside en contextualizar debidamente y ofrecer a la opinión pública los hechos tal y como quedaron jurídicamente probados y demostrados”. También se recoge que “Juan Carlos Aragón no volvió a cometer delito en su vida y la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad”.

El documento añade que “Juan Carlos Aragón no tiene antecedentes penales y no los tenía cuando fue condenado”, por lo que considera “absolutamente incierto que maltratase a dos mujeres”. Según el comunicado, “únicamente tiene una condena, que se cumplió en el año 2013”.

La fundación dedica varios apartados finales a reflexionar sobre el concepto de “damnatio memoriae”, definido en el comunicado como “el intento deliberado de borrar públicamente el recuerdo de una persona”. El texto sostiene que “la frontera entre memoria legítima y damnatio memoriae no siempre es nítida” y enumera situaciones en las que, según el documento, “la repetición pública de los hechos se convierte en una forma de castigo social indefinido”.

El comunicado concluye defendiendo que “en un sistema basado en el Derecho, la pena teóricamente tiene fin; la anulación total y perpetua de la persona, no”. El texto está firmado por Luisa Tejonero como presidenta de la Fundación Juan Carlos Aragón.

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