En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, USTEA Cádiz lanza un llamamiento a la reflexión pública y critica a la Administración por su tratamiento hacia María R.L., una profesora de secundaria diagnosticada con cáncer de mama en 2019.

A través de un extenso comunicado, el sindicato relata cómo María, aún debatiéndose entre quimioterapia y enfermedades autoinmunes, ha quedado atrapada en un "limbo" burocrático que la ha llevado a enfrentar serias dificultades económicas. Este caso pone de manifiesto las disparidades entre las declaraciones oficiales de apoyo a las mujeres con cáncer de mama y la realidad que muchas de ellas enfrentan.

El comunicado íntegro es el siguiente:

Hoy 19 de octubre, Día Mundial contra el cáncer de mama, USTEA Cádiz quiere compartir la historia de María R.L., afiliada nuestra y Profesora de Educación Secundaria desde 1989, como denuncia pública primero y para invitar a la reflexión después sobre lo que las Administraciones pueden hacer con una de sus trabajadoras mientras, de palabra, intentan transmitir a la opinión pública que luchan denodadamente contra el cáncer de mama y en favor de las mujeres que lo han sufrido y lo sufren. 

En junio de 2019, a la edad de 54 años, María es diagnosticada con un cáncer de mama HER2 Positivo. En ese momento, causa baja en el instituto de la provincia de Cádiz en el que está destinada. Se dedica a luchar contra la enfermedad en sesiones de quimioterapia que culminan con una operación primera, otra serie de sesiones con el nuevo y esperanzador medicamento Trastuzumab para terminar en una segunda operación. 

Todo este tiempo se solapa con la pandemia mundial por coronavirus. A los dieciocho meses de baja, María no se encontraba en absoluto recuperada de sus dolencias y, de hecho, había pasado por quirófano por segunda vez unas semanas antes. Conviene añadir que María, además del referido cáncer de mama, tiene una enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2014 y que le llevó a ser hospitalizada de urgencia por crisis grave en marzo de 2018. Por todo ello y ante la inminencia de su posible incorporación, mediante los servicios jurídicos de USTEA Cádiz, María solicita la incapacidad. La Administración, mediante el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), le DENIEGA la incapacidad total o absoluta. Tiene que seguir esperando. 

A los 18 meses de baja, la Administración mediante dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades (en este caso de Cádiz) tiene dos opciones: obligar a la docente a incorporarse o darle la incapacidad total o absoluta (algo que ya le había denegado). Existe una tercera vía, que es la que eligió el Equipo de Valoración de Incapacidades, esto es, darse una prórroga de seis meses para resolver definitivamente el caso. 

En junio de 2021 se cumplieron los dos años de baja sin noticias de resolución para María. Nuestra afiliada, a través de USTEA Cádiz y a través de sus propios medios, contacta con la Delegación de Educación para saber qué hacer (hay que recordar que una vez pasados los dieciocho meses el médico de cabecera NO PUEDE dar el alta incluso si se lo pidiera la paciente, pues solo el EVI puede tomar ese determinación) y se le dice que por culpa de la pandemia mundial y de una serie de bajas de médicos, el EVI no puede sacar todo el trabajo que tiene en tiempo y forma y que les faltaba personal y que tiene que esperar porque todo está tardando mucho. 

Es aquí cuando viene el quid del asunto: un funcionario, a partir del tercer mes de baja, cobra su sueldo de la siguiente manera: la Delegación a la que pertenece le paga la mitad y MUFACE le paga la otra mitad. Como la norma dice que nadie puede estar más de dos años de baja sin ser incapacitado o con una resolución de incorporación al puesto laboral, MUFACE deja de pagar su parte por lo que a María a partir de julio de 2021 solo se le paga la mitad de la nómina.

En el verano de 2021, no está aún recuperada ni en condiciones de volver a su puesto laboral, pero la perspectiva de cobrar la mitad de su sueldo y de no llegar a fin de mes, le hace pensar que quizá debería incorporarse en septiembre. PERO NO PUEDE. Ella no puede decidir pedir el alta voluntaria porque el médico de cabecera, según ley, no puede dársela y el EVI seguía sin mandar resolución en ningún sentido ni siquiera una notificación de cita ni se pronunciaba en modo alguno. 

Como cualquiera puede, la situación de María era bastante angustiosa. Además de pasar por un cáncer de mama con el duro tratamiento que ello conlleva y de seguir padeciendo su enfermedad autoinmune, se encuentra dos años después sin que le concedan la incapacidad, sin poder volver al trabajo y cobrando la mitad de la nómina. Un limbo absolutamente lamentable del que ella no era en absoluto culpable. 

El final de la historia es el siguiente: en febrero de 2022, María recibe carta certificada de la Delegación de Educación de Cádiz instándole a incorporarse en 48 horas a su centro educativo pues habían recibido informe a tal efecto del EVI de Cádiz. Después de siete meses y medio sin cobrar la mitad de la nómina. 

María se incorpora y envía una petición a la Delegación para que se le abone todas esas cantidades que considera ella y este sindicato que la administración le adeuda. NADIE RESPONDE. Nadie se hace cargo. A nadie le importa. 

Los servicios jurídicos de USTEA Cádiz presentaron contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace ahora año y medio y ahí están esos papeles esperando a ser revisados por un juez o jueza que dictaminará si María tiene derecho o no a cobrar las cantidades referidas. Cantidades que no olvidemos dejó de cobrar por haber sufrido un cáncer de mama y por la negligencia por parte de la administración.

Por último, una reflexión: aquellos que rigen lo público ya sea en el Gobierno de España o en el Gobierno andaluz, ¿qué tienen que decir sobre este caso? Cuando se llenan la boca contra el cáncer de mama, ¿de verdad no se dan cuenta de que primero hay que resolver estas injusticias cometidas contra las verdadera sufridoras para luego tener autoridad moral para decir que están luchando de verdad contra el cáncer de mama y para ayudar a quienes lo sufren? 

Desde USTEA Cádiz no sabemos qué resolverá el juez, pero sí creemos que en un país razonable y justo, la misma administración española y andaluza que ha mirado para otro lado y que ha considerado a María un número y que le ha hecho sufrir más de lo mucho sufrido, debería paralizar el contencioso pagando a María las cantidades que consideramos que, en justicia, se le adeuda y pidiéndole perdón por el trato que se le ha dado, justo en el peor momento de su vida, tras 34 años de servicio en el Cuerpo de Docentes de Secundaria y Bachillerato. Mientras tanto, estaremos a su lado apoyándole en lo necesario, haciendo visible esta injusticia a la vez que reivindicando en los diferentes foros presentes un trato digno de la administración a todas las personas, pero en especial a aquellas en mayor situación de vulnerabilidad.

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