La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT), la patronal andaluza de hoteles y alojamientos turísticos reitera su oposición frontal a la aplicación de una tasa turística, como la que está estudiando aplicar el Ayuntamiento de Cádiz, entre otros consistorios.

En un comunicado remitido a Portal de Cádiz, FAHAT indica lo siguiente:

Como un asunto “verdaderamente machacón y cansino” es calificado por el sector la posición de los ayuntamientos que están a favor de la aplicación de un mal llamada “Tasa Turística”.

Ya en el mes de julio, el sector puso de manifiesto su posición calificando el debate iniciado por sólo dos ayuntamientos de los 785 que existen en nuestra Comunidad Autónoma como “una ocurrencia repetitiva y poco seria”, no obstante viendo que estos ni siquiera respetan su compromiso de que si el sector no estaba de acuerdo con esta propuesta abandonarían la idea de aplicar este impuesto, de nuevo este se ve obligado a salir a la palestra para dejar clara la postura del conjunto de los hoteles y establecimientos turísticos de Andalucía al respecto.

Reiteramos que, como bien reconocen dichos ayuntamientos esta es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, por lo que afectaría al conjunto de todos los municipios andaluces, cuestión esta, que obliga a “debatir” el asunto desde una perspectiva que supera el ámbito local y necesariamente contar con los legítimos representantes del sector a nivel andaluz, cuestión esta, que simplemente no ha ocurrido.

De nuevo incidimos y aclaramos que denominar a esta idea como “Tasa Turística” no es más que un eufemismo ya que se trata de un simple “Impuesto” y que denominarlo Tasa, persigue crear confusión y obviar la verdadera naturaleza de esta medida, que no es otra que el desmedido afán recaudatorio de la administración en general y de la administración municipal en concreto.


Por otra parte el supuesto impuesto nunca se cumple sentido finalista al que permanentemente se alude de este al 100%, destinándose una gran parte a corregir déficits de financiación en otros servicios públicos u otras parcelas de intervención de las administraciones públicas y además es imposible de fiscalizar(experiencia adquirida de la aplicación en otras comunidades autónomas donde la realidad es que jamás se ha hecho un retorno efectivo al sector).

A pesar de ser, por tanto, un impuesto conceptualmente finalista, su adopción tiene algunos riesgos relacionados con su extensión. Este riesgo consiste en que se generalice la idea de que para mejorar correcto desarrollo de los determinadas infraestructuras que son necesarias para el servicios puede siempre implantarse un impuesto adicional relacionado con ese servicio. De esta manera, podría interpretarse que los impuestos se pagan por el hecho de vivir en determinado lugar, pero los servicios han de pagarse aparte en aquellos donde la capacidad de atracción se debe a elementos diferenciales (“ventajas
competitivas”, en términos de estrategia empresarial) que los hacen menos sensibles a precios como criterio de elección.

El sector se ve en la necesidad de recordar que dando a entender que los turistas no pagan impuestos se incurre de nuevo en un flagrante error. Esto simplemente no es cierto ya que los impuestos recaudados en nuestra Comunidad Autónoma en todos los ámbitos de la administración vinculados a la actividad turística suponen más de un 15% del total de los impuestos recaudados. Así tenemos impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, la recaudación dependiente de la renta de las personas físicas de los empleados vinculados al sector, el impuesto de sociedades o los Impuestos de Bienes Inmuebles como algunos ejemplos a destacar.

También se ha hablado que el cliente estaría dispuesto a asumir ese incremento del precio de su estancia de manera muy ligera y sin fundamento alguno, ya que en una comunidad autónoma donde el 49,11% de su oferta está vinculada al segmento vacacional o de sol y playa, donde el precio juega un factor decisivo a la hora de comercializar el producto, el planteamiento de que un incremento medio del precio del alojamiento es irrelevante en la demanda turística no parece consistente puesto que, si ese incremento fuera posible sin afección a la demanda, sin duda el sector ya lo habría aplicado.

Por otra parte, dejar fuera a aquellas otras formas de alojamiento entre particulares no como por ejemplo las VFT y las VTAR, supone un nuevo elemento discriminatorio entre estos y el sector de establecimientos turísticos reglados por lo que, en este caso, se entiende prioritario frente a la aplicación de la tasa insistir en el afloramiento de ese tipo de alquileres que quedan al margen de los requerimientos legales como instrumento recaudatorio y de garantía de calidad del servicio ofertado.

Por último, desde el sector se quiere hacer un llamamiento al Presidente de la Junta quien en declaraciones recientes daba a entender que esta se “abría a debatir sobre la Tasa Turística”. A este respecto el sector reitera su frontal y absoluta oposición a este modelo impositivo, por lo que espera que, agotado el debate del consenso, que a todas luces no existe, se sume y haga suya la posición del sector a este respecto. Con esta actitud se refrendaría las palabras dichas por el Presidente Moreno en su discurso de investidura “bajando impuestos las arcas andaluzas disponen de más dinero para invertir en servicios e infraestructuras para los andaluces”.

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