La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hoy la aplicación de medidas de seguridad en el colector de pluviales de Santa María del Mar, debido a los importantes daños que sufre esta infraestructura y que pueden suponer un riesgo potencial para las personas que a diario transitan por la zona de los bloques. 

Por ello se tomarán medidas para evitar el tránsito y estancia de cualquier persona en la zona afectada y se requerirá a la Junta de Andalucía que lleve a cabo su reparación de forma urgente para evitar daños de carácter medioambiental o sanitarios. La concejala y presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, ha avanzado que este es “el primer paso para emprender acciones legales en el mes de septiembre si de aquí a entonces no obtenemos una solución”.

Fernández ha explicado que “la respuesta que la Junta de Andalucía anunció hace unas semanas que había enviado la hemos recibido este miércoles 3 en Aguas de Cádiz. Una respuesta que contesta a un requerimiento que la empresa municipal hizo en 2020, hace más de un año, y no a los que tanto el Ayuntamiento como ACASA han hecho posteriormente. En esta contestación se habla entre otras cosas de una comisión en 2017 donde al parecer de manera consensuada se decidió cerrar este convenio y de la que no tenemos ninguna información ni en Aguas de Cádiz ni en Urbanismo”. Señal, según la concejala, de que “no tienen ninguna intención de solucionarlo”. 

El Ayuntamiento es consciente del tiempo que se podría dilatar el periodo si la justicia entra en escena. "La cuestión es mucho más sencilla. Sabemos que cuando se inicia un proceso judicial el tiempo lo marca la ley, pero esto es una cuestión de competencias. El Ayuntamiento de Cádiz no puede ejecutar la obra, Aguas de Cádiz tampoco. Podemos hacer obras de seguridad en el entorno, pero no tenemos esa competencia. Y la única persona que puede decir que hagamos la obra es un juez, o que la Junta se siente con nosotros y lleguemos a un acuerdo". 

"Esperábamos que la Junta, cuando le presentamos le proyecto, estuviera dispuesta a sentarse y a colaborar como siempre hemos hecho, entonces ante esto el único camino que nos quedaría sería el judicial. Me gustaría que la reflexión de que este proceso podría dilatarse mucho y pudiera ser un perjuicio importante también se lo hicieran en la Junta antes de llevar el caso a la justicia, que puede ser largo o corto, pero que sin duda va a ser farragoso", concluyó Ana Fernández.

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