El Grupo Municipal Popular llevará al próximo pleno ordinario de 30 de octubre un propuesta para que se aplique una moratoria de un año a la Ordenanza de Aparcamientos “como medida COVID, haciendo una campaña informativa constante de adaptación y para testar su funcionamiento sin aplicar las tasas de las zonas verdes y naranja, sin que tenga repercusión en los bolsillos de los gaditanos, en un momento en el que –aunque el alcalde no se haya enterado y Vila no tenga la más mínima sensibilidad al respecto- la gente lo está pasando realmente mal”.
El presidente del Grupo Popular, Juancho Ortiz, señaló que la propuesta persigue “justo lo contrario que parecen tener en mente Vila y Kichi que es dar la puntilla al centro de Cádiz y al comercio de toda la ciudad en general. Cuando más cierres hay, cuando más restricciones parece que llegan y cuando peor lo pasan nuestros vecinos, ponemos a todo el mundo a pagar por aparcar y lanzamos al resto de la Bahía y de la provincia el mensaje de que no puedes venir a Cádiz porque no vas a aparcar ni pagando”.
La propuesta ahonda en su exposición de motivos sobre los motivos que hacen “realmente peligroso para la ciudad la implantación de este sistema de aparcamiento en estos momentos. Hay una evidente caída del consumo por los motivos conocidos, y lo que la ciudad necesita son políticas de estímulo de la inversión, no nuevas limitaciones y tasas parafiscales que la colocan en desventaja frente a otras poblaciones del entorno. Estamos obligados a competir con centros comerciales de la Bahía en igualdad de condiciones y esta fórmula de aparcamiento es tirar la toalla. La facilidad de acceso y la disponibilidad de aparcamiento gratuito es un elemento diferencial para atraer o no a clientes y visitantes a nuestra ciudad”.
Gratuidad por consumo en la ciudad y descuento general mientras dure la crisis COVID
De los tres puntos que conlleva la propuesta popular el primero hace referencia a la citada moratoria para las zonas verde y naranja, que obligan a los gaditanos a pagar por aparcar en su ciudad sin que se habilite una sola plaza de estacionamiento libre de tasas en toda la ciudad, y castiga a los profesionales que trabajan a diario en Cádiz penalizando el uso de las mismas.
Las dos puntos restantes de la propuesta plantean la creación de bolsas de zona azul en el entorno Plaza de Sevilla, zona Cementerio y Asdrúbal que, unidas a las plaza existentes, contemplen la posibilidad de aparcamiento gratuito para los clientes del comercio de Cádiz, bonificando el importe total de esa zona azul por la presentación del tickets de compra de manera regulada y a tenor de determinados importes. Del mismo modo, e independientemente del consumo, se propone aplicar una bonificación del 50% de la nueva tasa de zona azul -pasando de un euro a 0,50 céntimos- durante esta moratoria, planteada como ayuda COVID para comercio y hostelería de Cádiz.
Respaldo de todos los grupos para no castigar más al gaditano
Juancho Ortiz señaló que “esperamos contar con el respaldo de todos los grupos, incluidos los concejales que aún estando en el Equipo de Gobierno están preocupados por el impacto de unas medidas que son evidentemente perjudiciales para sectores principales de la ciudad y para el gaditano en general. Sabemos que equilibrar la calidad de vida de los vecinos con las propias necesidades de la actividad diaria de la ciudad es complejo, pero no es admisible que todas las medidas que se tomen vayan en la misma dirección errónea: eliminar plazas de aparcamiento gratuitas y sustituirlas por otras de pago, penalizar a quien usa el vehículo incluso para trabajar porque no puede hacerlo de otro modo, y lanza mensajes de que Cádiz no es una ciudad amable para venir a disfrutar de sus compras, su hostelería, sus atractivos”.
El presidente del Grupo Popular concluyó señalando que “el perjuicio de esta ordenanza multicolor de aparcamiento es evidente porque afecta a todos: a los vecinos, a los profesionales que trabajan en nuestra ciudad, repartidores de mercancías, dependientes, camareros… a los trabajadores y funcionarios que tienen su puesto de trabajo en Cádiz. Todos ellos se ven obligados a dedicar una parte de su renta disponible a pagar por trabajar o por vivir en Cádiz. Y realmente los gaditanos no pueden sufrir más castigos de este Ayuntamiento que ni hace nada para reactivar el comercio ni ofrece alternativa alguna”.
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