Josefa Montoya ha sido la última víctima mortal atropellada por un patinete eléctrico. El suceso ocurrió el 22 de noviembre de 2019 en Barcelona y la accidentada estuvo tres días debatiéndose entre la vida y la muerte. La mujer tenía 82 años. Este, por supuesto, no ha sido el primer caso en España causado por este tipo de vehículos. La veda de estas muertes por accidentes de tráfico se inició en Esplugues de Llobregat un año antes. Tampoco será la última. Es más, a medida que se incremente el uso de los patinetes la incidencia de estas contingencias se incrementará en paralelo. Los principales damnificados de estos episodios son las personas más vulnerables, gente mayor que ante un simple impacto se caen y, ante la fragilidad de sus huesos y por su dificultad para mantener el equilibrio, pueden sufrir un final trágico.
Además, un problema adicional que conlleva la circulación de estos aparatos es establecer la autoría y por tanto la responsabilidad ante arrollamiento de peatones. La mayoría de estos vehículos no están asegurados, por no ser obligatorio. Lo cual deja en precario a los perjudicados y al albur de la solvencia o insolvencia del causante para reparar el daño pecuniario o pagar la indemnización, si correspondiese o se determinase judicialmente. En muchos supuestos los conductores son menores de edad o gente muy joven que no tienen ningún recurso económico propio. Por si fuera poco, se ha constatado en muchos de estos incidentes la imposibilidad de identificar al culpable. Es frecuente que el autor, ante la gravedad del accidente, se haya asustado y haya huido. Estos vehículos al no tener matrícula y no exigirse un registro nominal de usuarios, difícilmente se pueden asociar con alguien y castigar sus acciones punibles.
¿A quién le llegaría la multa, si no se para el vehículo y se le exige al conductor que aporte sus datos personales? A nadie. Eso sería inconcebible que le ocurriese a un coche. Esta aparente impunidad se favorece por el hecho de que estos artilugios son fáciles de transportar y esconder en cualquier lugar. En más de una ocasión, los autores los retiran del tráfico durante una buena temporada y esperan a que se calmen las investigaciones. Por lo que difícilmente son pillados.
Asimismo, las propias ordenanzas municipales de Cádiz están favoreciendo las infracciones de esta modalidad de transporte y las posibles incidencias. En concreto, estas normas autorizan a los patinetes a circular por vías restringidas a una velocidad de 20 kilómetros hora, cuando estos vehículos pueden alcanzar una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora y raro es el patinete que incorpora un velocímetro en su equipamiento, algo imprescindible para que el conductor sepa a ciencia cierta si infringe o no ese límite de velocidad. ¿Pondrá el Ayuntamiento un control de velocidad específico para estos vehículos en esas vías?
Aparte de los problemas de tráfico, el control de los usuarios de estos vehículos es necesario como medida preventiva contra los robos o para identificar al ladrón. Estos artilugios son muy golosos para los cacos al ser fáciles de robar. Existe un mercado negro de venta asociado a la criminalidad que se favorece al no existir un censo de vehículos.
A la espera de que la Dirección General de Tráfico regule el uso de estos vehículos más exhaustivamente, se debería iniciar un proceso de control de los usuarios, estableciéndose un permiso de circulación municipal. De esa manera esta alternativa de movilidad no estaría tan mal vista por una población mayoritariamente envejecida como es la gaditana, que se siente amenazada ante posibles colisiones, en la que siempre se llevarán la peor parte.
Antonio Anasagasti Valderrama
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