Avenida Fernández Ladreda 1 / Google Maps

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) de Cádiz, Juancho Ortiz, pide públicamente al Gobierno de la Nación que reconsidere su decisión de desahuciar de sus viviendas a los policías jubilados y familias de policías que viven en los pisos de la Dirección General de la Policía Nacional de la Avenida Fernández Ladreda 1, tras reunirse días atrás con Andrés Martín, que está realizando las labores de portavoz de este grupo de familias afectadas.

Ortiz fue informado de primera mano por estas familias del problema surgido cuando la Dirección General de la Policía Nacional, “sin previo aviso” les ha comunicado la orden de desalojo de las que han sido durante décadas sus viviendas. El popular ha incidido en que estas casas suponen el hogar de toda una vida a personas mayores, jubiladas en su mayoría, e incluso viudas de policías que no tienen otra alternativa de vivienda.

Viviendas en suelo municipal

Juancho Ortiz pedirá en los próximos días una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, con el objetivo de conocer las posibles soluciones a este problema que ha surgido, según indicó “por una decisión política de poner en marcha un mecanismo que será legal, pero, evidentemente, no es social ni humano, ni tiene en cuenta los problemas de personas que ven peligrar su hogar tras años de trabajo y esfuerzo. Tal y como han contado públicamente ellos han cumplido con lo que se les pidió detrayendo de sus nóminas el importe del supuesto alquiler mientras que se les pidió. Ahora no pueden verse desamparados por el Estado que es quien ha creado esta situación”.

El portavoz popular espera que en los próximos días estas familias vean solucionada su situación que, como es lógico “está causando una tremenda intranquilidad en todos ellos. No es de recibo que sean las administraciones públicas las que estén causando el problema. Ni el Gobierno de la Nación con la decisión de lanzar los desahucios ni el Ayuntamiento que, hasta el día en el que me reuní con el portavoz de los afectados ni siquiera se había puesto en contacto con ellos. Y todo ello a pesar de que esas viviendas, como las propias instalaciones policiales de enfrente y el edificio de la Seguridad Social se encuentran en suelo municipal. Algo creo yo que debería decir en todo esto el Ayuntamiento”.

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