Socorrista en la Playa Victoria de Cádiz / Trekant Media

Ha pasado un año desde que el Ayuntamiento de Cádiz retomara la gestión del servicio de playas (externalizado hasta entonces) y la sección sindical de CSIF sigue considerando que las cosas no se están haciendo correctamente. De hecho, esta remunicipalización está perjudicando a varios empleados municipales funcionarios, con traslados a otras dependencias, disminución salarial e incluso el despido de un interino que llevaba más de 15 años de servicio con contrato de sustitución. Para CSIF, el problema radica en el desinterés del Gobierno local en gestionar este servicio, pues la relación de puestos de trabajo (RPT) no tiene códigos que asocien directamente a los funcionarios con dichos puestos.

Ya en el verano de 2018, la Central Sindical denunciaba la situación de cuatro funcionarios adscritos al servicio de Playas, que se encontraban sin funciones. Era un capataz, un encargado y dos operarios. Precisamente el capataz y el encargado son los que han sido desplazados a otras dependencias, cuando eran ellos quienes fiscalizaban el servicio que gestionaba la empresa privada. Ahora, no hay ningún empleado público que fiscalice o controle la gestión que ejerce la empresa municipal Cádiz 2000, encargada actualmente del servicio de playas.  Se da el caso de que estos dos trabajadores afectados han solicitado a la junta de personal que se active el protocolo anti acoso por la situación que están viviendo.

CSIF recuerda al concejal del área, David Navarro, que su equipo de Gobierno reclama la estabilidad de todos los empleados públicos (y así lo han aprobado en pleno para diferentes colectivos). Por eso, la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento gaditano reclama al concejal que esté presente en las mesas de negociación y en las paritarias, ya que nunca queda claro cuándo el director de área se pronuncia en su nombre o en el del concejal.

Por último, CSIF quiere dejar claro que siempre estará a favor de la remunicipalización de servicios públicos, siempre y cuando se cumpla escrupulosamente la legislación vigente, suponga un ahorro para las arcas municipales y se garanticen y mejoren las condiciones laborales de la plantilla.

 


 

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