Juan Manuel Pérez Dorao y José María González / Trekant Media

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha criticado duramente la propuesta formulada por el alcalde de Cádiz al PSOE para que la Subdelegación del Gobierno ordene a la Abogacía del Estado desistir de la demanda que tiene interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo por la remunicipalización de los servicios de playa.

Cabe recordar que esta solicitud del alcalde ha llegado tras conocerse la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 en relación al proceso de remunicipalización de los servicios de limpieza y atención domiciliaria de Chiclana, que  ha declarado que dicho proceso es contrario a la Ley porque vulnera la limitación impuesta a las sociedades municipales para contratar personal que, en el mejor de los casos, solo permite una tasa de reposición del 100%. El edil de Ciudadanos ha explicado que las empresas municipales sólo pueden contratar personal para cubrir las vacantes que se produzcan en sus plantillas por muerte, jubilación, invalidez, cese voluntario u otra causa, pero no pueden aumentar el número de trabajadores que tuvieran. De esta forma, - ha insistido Pérez Dorao- la sentencia contra el Ayuntamiento de Chiclana determina por tanto la ilegalidad de los procesos de internalización de servicios que se han llevado a cabo encomendando a empresas municipales su prestación, siempre que para ello la empresa municipal designada haya tenido que aumentar su plantilla subrogando al personal de la empresa privada a la que substituyera.

“Es el caso de Cádiz, - ha destacado el portavoz – donde el proceso de remunicipalización encomendó la prestación del servicio a la empresa municipal Cádiz 2000, cuya plantilla de 7 empleados se ha visto aumentada a más de 200 para la prestación del servicio”“La Subdelegacion del Gobierno no puede, como pretende el Alcalde, ignorar este pronunciamiento judicial y actuar conforme le convenga prescindiendo de sí lo actuado es legal o no. Si lo hiciera así estaría incurriendo en un flagrante delito de prevaricación. Es decir, el Alcalde pide al subdelegado que prevarique para favorecer su interés o su conveniencia”, ha asegurado Pérez Dorao.

Desde Ciudadanos han calificado esta petición como “inaudita y extravagante” y tan solo entienden que se haya realizado desde “la más absoluta ignorancia”“Quizás el alcalde no sabe que la Administración Pública está sometida al imperio de la Ley y que, por tanto, el criterio de legalidad prevalece sobre los criterios de oportunidad y conveniencia”.

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