Álvaro de la Fuente ha criticado la falta de responsabilidad que se requería en un asunto como éste de los socialistas a tenor del informe elaborado por la asesoría jurídica en el que se aprecian indicios de que los hechos investigados, presuntamente, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público a la par que hace referencia a falsificación documental tras la información aportada por la Universidad de Cádiz en su informe de respuesta a las preguntas remitidas por Aguas de Cádiz el pasado mes de abril.

De la Fuente ha precisado que en este informe se proponían tres vías de actuación: llevar la documentación a Fiscalía, la penal y la del Tribunal de Cuentas para que se dirimieran responsabilidades en el caso de que las hubiere. Ha recordado también la contundencia del informe emitido por la Universidad de Cádiz en el que ésta se desvincula de las acciones llevadas a cabo por el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa. La propuesta finalmente no ha salido adelante al abstenerse de la votación el PSOE y oponerse el PP.

Critica que en el Consejo de Administración “el PSOE haya rechazado todas las herramientas judiciales que se proponen al manifestar que únicamente se lleve a la Fiscalía”. En este sentido ha señalado que “no entiendo como los socialistas, como grupo político, se muestra tan proclive a a actuar, luego, a la hora de la verdad en el Consejo de Administración tome decisiones tan tibias y reduzca las líneas de actuación”.

Para Álvaro de la Fuente, “es nuestro deber poner todo esto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para que dirima responsabilidades en el caso de que las haya y esclarecer en qué y por qué se empleó dinero público en el Observatorio de Responsabilidad Social y en el grupo de investigación referido en las facturas”. Es por esto que como presidente de Aguas de Cádiz y como consejero “emprenderé cuantas acciones jurídicas crea oportunas y presentaré una denuncia la próxima semana para que se esclarezca lo sucedido, aunque tenga que ser sin el apoyo del PSOE, que una vez más se mantiene al margen”.

De la Fuente ha lamentado que “los socialistas quieran reducir las vías de actuación que recomienda el informe jurídico a las mínimas posibles reduciendo así los campos de actuación y poniendo trabas a qué de verdad sepamos qué pasó con ese dinero público”

El responsable de Acasa ha explicado que “las explicaciones dadas hasta ahora por el que fuera presidente de la empresa y actual portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, no han aclarado todavía el pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al Observatorio que dirigía el director de su propia tesis cuando estaba al frente de la sociedad, como tampoco han aclarado los trabajos que según dicen los papeles y las facturas se realizaron por parte del Observatorio en beneficio de la empresa municipal y del que no existe constancia en Aguas de Cádiz”. Es por esto que “no nos queda otra, que llevarlo a la Justicia para que pueda saber qué pasó y en qué se emplearon esos 42.000 euros de dinero público”.

El presidente ha recordado que se ofreció la oportunidad a Ignacio Romaní de aclarar esta situación en el seno de una comisión de investigación, “una comisión que nació ya herida al nombrar el PP al propio Romaní como integrante de esta comisión, lo que rozó el absurdo al querer ser juez y parte” por lo que se acordó su disolución.

El PSOE elevará a Fiscalía los hechos ocurridos en Aguas de Cádiz

El PSOE de Cádiz pondrá en conocimiento de la Fiscalía toda la información respecto a la relación entre Aguas de Cádiz y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa en los años 2011 a 2015, con el fin de esclarecer los hechos con todas las garantías.

“Tras un Consejo de Administración como el que ha tenido lugar en el día de hoy, en el que la actuación del presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, y de los demás representantes del equipo de gobierno ha sido esperpéntica, tenemos que volver a ser los socialistas los que pongamos sentido común y responsabilidad en los asuntos municipales y los que actuemos en base al bien común de todos los gaditanos, y no con el único fin de seguir generando polémicas, que es para lo único que demuestran tener capacidad”, denuncia la concejala y consejera del PSOE en esta empresa municipal, Mara Rodríguez.

“Una vez analizado el contenido del informe jurídico elaborado por los técnicos de Aguas de Cádiz, así como del que ha desarrollado la Universidad de Cádiz, hemos defendido en el Consejo de Administración, que es absolutamente necesario ponerlos en conocimiento de la Fiscalía con el fin de conocer de manera objetiva lo sucedido y determinar la posible existencia de responsabilidades. Además, así garantizamos una actuación en base a la prudencia, la salvaguarda y la seguridad jurídica”, asegura la consejera de la empresa municipal y concejala socialista, Mara Rodríguez.

“Lamentablemente, las consejeras socialistas nos hemos quedado solas en la votación porque el equipo de gobierno se ha abstenido, demostrando que no le interesa el esclarecimiento de este asunto sino el morbo y la polémica generados en torno a él”, afirma la concejala.

“Si realmente defienden la opción de interponer una querella, nos preguntamos por qué no lo han hecho ya como equipo de gobierno. Están mareando la perdiz desde el primer momento. De hecho, los estatutos de la empresa establecen claramente que el presidente está facultado para poner los hechos en conocimiento de los órganos judiciales competentes sin necesidad de acudir al Consejo de Administración. Así se lo indicamos y ése fue el acuerdo que aprobamos en la última sesión que se celebró el pasado mes de mayo. Sin embargo, han vuelto a demostrar una falta de capacidad total y una nula diligencia para asumir sus competencias.”, denuncia Mara Rodríguez.

“Los socialistas hemos defendido desde el principio que nuestro único objetivo es que se esclarezca este asunto con todas las garantías. Tanto es así que, ante la inexcusable e inexplicable abstención del equipo de gobierno, será el PSOE de Cádiz el que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, cumpliendo así con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso con los gaditanos ”, defiende la consejera socialista.

El informe jurídico realizado por Aguas de Cádiz establece que los indicios que se conocen podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público y falsificación documental. “Esto es de una gravedad tal que afecta, tanto al interés y la imagen de la empresa, como a la dignidad de determinadas personas, presuntamente implicadas, por lo que estamos en la obligación de elevar los hechos a Fiscalía para esclarecerlos, siendo esta vía la más idónea en virtud a la prudencia y la seguridad jurídica”, asegura Mara Rodríguez.

Por su parte, la Universidad de Cádiz se ha desvinculado totalmente del supuesto trabajo que el observatorio de Carlos Guillén hizo para Aguas de Cádiz, lo que supone que se pierde completamente la garantía y el aval que ofrece dicha institución.

“Ante las conclusiones de estos informes, aumentan, en gran medida, las dudas acerca del uso que se hizo del dinero público, así como de los criterios que se siguieron para adjudicarlo. Por ello, nuestra obligación es actuar en el ejercicio de nuestras competencias para que los gaditanos conozcamos lo ocurrido”, explica Mara Rodríguez.

La consejera del PSOE ha recordado que la pasada semana, tras analizar el informe de la Universidad de Cádiz, los socialistas solicitaron al equipo de gobierno que pusiera en marcha las acciones necesarias para conseguir el reintegro del dinero público abonado. “Viendo la actuación lamentable de hoy, mucho nos tememos que no hagan nada al respecto, ya que sólo parece interesarles el ruido mediático”

Por otra parte, ha puesto de manifiesto que “también fuimos los socialistas quienes, una vez que Ignacio Romaní se negó a abandonar la comisión de investigación, exigimos que ésta se dejara sin efecto, ya que perdía todo el sentido y la objetividad”.

“Seguiremos actuando de manera responsable y diligente para llegar al fondo de los hechos en favor de los intereses de nuestra ciudad, y no de las polémicas interesadas de las que vive este equipo de gobierno”, concluye Mara Rodríguez.

Para el PP ha sido "un paripé en el que nadie quería asumir llevar al juzgado otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida"

El GMPP (Grupo Municipal del Partido Popular) ha lamentado hoy al finalizar las reuniones del Patronato de la Fundación Aguas de Cádiz y del Consejo de Administración de la empresa lo que ha calificado como “un espectáculo lamentable, un paripé en el que nadie quería asumir llevar al juzgado otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida sabiendo lo que hizo la Fiscalía con el que encargó Podemos al actual gerente sobre el corte de agua de Loreto o meter la pata como en Matadero, donde han terminado imputados dos concejales por denuncia falsa”.

Los populares han informado que en el transcurso del Consejo los tres representantes del PSOE se han abstenido en el punto que figuraba en el orden del día sobre “poner en conocimiento de la Autoridad Judicial  los hechos (…)” y han pedido que se votara otro punto en el que pretendían que dichos hechos fueran llevados a Fiscalía para su conocimiento,  punto que ha contado con la abstención de los representantes de Podemos, por lo que no ha prosperado ninguno de los dos, que contaron con el voto en contra de los representantes del Grupo Popular. Los populares han insistido en que “si alguien quiere ir a los tribunales con insinuaciones, informes hechos a medida o denuncias directamente falsas que vaya a título individual, como presidente de Aguas, y que asuma las consecuencias, porque para eso no necesita autorización alguna”.

Implicar a los consejeros en una denuncia falsa como la de Matadero

Los representantes del Grupo Popular recordaron al resto de miembros del Consejo que el antecesor de De la Fuente no pidió autorización y ni siquiera informó al Consejo de que llevaría el informe –también realizado a medida por Aguas de Cádiz- sobre el corte de agua de Loreto, a la Fiscalía, e invitaron a De la Fuente a que siguiera el mismo camino: “el último informe que hizo Aguas de Cádiz a petición del alcalde terminó desestimado en la Audiencia y con González Santos procesado por injurias y calumnias” señalaron los representantes populares en el Consejo, “así que quien quiera seguir una senda parecida que vaya a título individual dónde quiera o tenga que ir, pero que no implique al resto del consejo que no tiene responsabilidad sobre la manipulación y las denuncias falsas a las que nos tienen acostumbrados desde el Equipo de Gobierno”.

Los representantes del PP en el consejo también quisieron recordar hoy las consecuencias que pueden acarrear a un consejero o concejal presentar una denuncia falsa, como en Matadero. Los populares recordaron que en este caso fue Fran González, el mismo cuyas compañeras del PSOE -al parecer- han anunciado al final del consejo que estudiarán llevar este asunto a Fiscalía, quien presentó la denuncia para luego decir ante el juez que se había enterado por los medios de comunicación, por un sindicalista o por la Junta de Personal del Ayuntamiento. Ese caso, que ahora es el Caso Tubío, se dirime ahora mismo en un juzgado con Martín Vila y Eva Tubío imputados entre otros.

Otro subterfugio de De la Fuente

Álvaro de la Fuente y Podemos han aprovechado que el Patronato de la Fundación de Aguas de Cádiz –celebrado con anterioridad al consejo- cuenta solo con dos representantes de Podemos y uno del Partido Popular para llevara a ese fuero la propuesta que posteriormente no ha logrado aprobar en el Consejo de Administración de Aguas. En el acta de la reunión del Patronato se evidencian varias “irregularidades” en esa toma de decisión que han quedado patentes al ser preguntado De la Fuente por el motivo por el que puede ser la Fundación la que pretenda acometer una acción de tipo legal que corresponde a la empresa y por tanto a su Consejo de Administración. Otra paradoja que se da en esta decisión del concejal podemita es que, de los dos pagos que realizó la Fundación al Observatorio, el último de ellos fue aprobado por el propio de la Fuente en marzo de 2018 junto con todas las cuentas del año 2015.

Cese de las acusaciones

El Grupo Popular concluyó señalando que “es evidente que ni De la Fuente ni nadie de Podemos tiene absolutamente nada que sustente una denuncia contra nuestro portavoz en éste ni en ningún otro asunto: de lo contrario no llevarían más de un mes filtrando documentación manipulada a dos medios de comunicación mientras que en Aguas evitan ser ellos los que acudan a los tribunales. Esperaremos a que se sustente –si finalmente se hace- la denuncia de la Fundación Aguas de Cádiz o de quien sea en algún juzgado y, como hemos hecho siempre, actuaremos en consecuencia, con cautela y sin prisas pera llevando a cada uno al lugar que le corresponde y mientras tanto esperamos que cesen las acusaciones falsas”.

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