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Jornadas de Parkinson Bahía de Cádiz / Junta de Andalucía

La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, ha participado este lunes en las jornadas promovidas por la asociación Parkinson Bahía de Cádiz para presentar la iniciativa 'Contrato humano'. La delegada ha inaugurado estas jornadas junto a Lola Garzón, secretaria de la Federación Española de Parkinson y directora de Parkinson Bahía de Cádiz, y junto a Alberto Ríos, director de la ONCE para Cádiz y Ceuta. Asimismo, el acto ha contado con la asistencia de los alcaldes de Cádiz y San Fernando, José María González y Patricia Cavada, respectivamente; de la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario; del delegado de la Zona Franca en Cádiz, Alfonso Pozuelo; así como de otras personas diputadas, senadoras y representantes de la Cámara de Comercio de Cádiz, de Navantia, Caixa Bank, Fundación Caixa, Bida Farma, Seguros AMA y Fegadi.

El motivo de esta convocatoria ha sido la presentación de 'Contrato humano', una campaña de sensibilización impulsada por la Federación nacional de Parkinson para el mantenimiento de personas con Parkinson en el mercado laboral. Sobre esto, la delegada ha recordado como más de 20.000 personas en Andalucía están afectadas por esta enfermedad; mientras que Lola Garzón ha explicado que entre los próximos proyectos de la Asociación que dirige está el efectuar un estudio para calcular el impacto real del Parkinson a nivel provincial.

La Junta de Andalucía ha expuesto, igualmente, la batería de medidas con las que apoya a este colectivo, entre otras: las Órdenes de incentivos para centros especiales de empleo; medidas de Prevención de Riesgos Laborales; y las ayudas para proyectos de interés general y social generadores de empleo. Sobre la primera de estas medidas, Gema Pérez ha informado de que, a lo largo del pasado año, 2017, la Junta destinó 4.083.900 euros para un total de 52 empresas en la provincia de Cádiz. Con esta financiación se ha fomentado el acceso al empleo, su mantenimiento o la adaptación de puestos de trabajo de personas con algún tipo de discapacidad. Cabe recordar que los centros especiales de empleo son empresas, que participan en el mercado como cualquier otra, pero que al menos el 70% de su plantilla tienen una discapacidad igual o superior al 33%.

Sobre este punto, la delegada territorial competente en Empleo ha incidido en como a varios enfermos de Parkinson, pero no a todos, se les reconoce algún tipo de discapacidad. Y, al respecto, ha aprovechado la presentación de este lunes para sumarse a la demanda institucional de la Federación Española de Parkinson de reconocerles a todos estos trabajadores y trabajadoras una discapacidad del 33%, de manera que puedan beneficiarse del apoyo institucional y la discriminación positiva reservada para quienes tienen esta baremación.

Por su parte, Lola Garzón ha recalcado que “una empresa que apoya el mantenimiento de las personas afectadas en su puesto es una empresa eficiente, que aprovecha sus recursos, en este caso sus recursos humanos, y que sabe valorar la experiencia y capacidad de sus trabajadores”.

 


 

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