El Comité de Empresa de los Módulos de Playas de Cádiz han emitido un comunicado rechazando el nuevo atraso que se ha producido en el proceso de remunicipalización de estos servicios, así como relatando las graves consecuencias funcionales y laborales que ello supone. El Comité de Empresa del personal de los Módulos de Playas esta constituido por 5 trabajadoras que pertenecen al sindicato AUTONOMIA OBRERA.
El comunicado es el siguiente:
Ante el nuevo retraso sufrido en el proceso de remunicipalización de los Módulos de Playas de Cádiz, desde el Comité de Empresa de ACCIONA (actual adjudicataria del servicio) queremos manifestar públicamente lo que sigue:
Primero. Que este Comité rechaza rotundamente este nuevo retraso, que supone ya la tercera fecha que se incumple desde que se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento la remunicipalización de este servicio.
Segundo. Que, aunque la causa oficial esgrimida por el Ayuntamiento para justificar este nuevo atraso ha sido la manifiesta tardanza de ACCIONA en facilitar toda la documentación necesaria para llevar a cabo la subrogación del personal, desde este Comité consideramos que la causa real no es otra que la falta absoluta de valentía y decisión por parte del Ayuntamiento de Cádiz en la ejecución de una medida que, anunciada en su día a bombo y platillo como un urgente y notable avance, hoy, en cambio, vemos como se diluye en el tiempo con las excusas más peregrinas.
Tercero. Que la prueba más evidente de esa falta de valentía y decisión municipal (por no hablar sencillamente de un más que probable interés oculto por mantener privatizado el servicio durante todo el verano) lo constituye el hecho de que, aún a día de hoy, nadie desde el Ayuntamiento, ni desde Cádiz 2000 le han comunicado a ACCIONA una fecha concreta en la que se asumirá de forma definitiva el servicio, requisito imprescindible éste para poder ejecutar con garantías el proceso de subrogación y empiecen a surtir efectos los plazos y responsabilidades legalmente previstos en estas circunstancias.
A estos efectos, resulta obligado recordar a los responsables políticos municipales que el art. 17.2 del I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales, en el que se abordan las condiciones de subrogación del personal (incluso para los casos de “reversión de contratas a cualquiera de las administraciones públicas”), establece con toda claridad que todos los supuestos en los que proceda la subrogación del personal: “se deberán acreditar documentalmente por la empresa o entidad saliente a la entrante, mediante los documentos que se detallan en este artículo (relación de personal en formato electrónico, contratos, 6 últimas nóminas, etc.). El plazo de entrega será como mínimo de cinco días naturales y como máximo de quince días naturales, contados a partir del momento en que la empresa entrante o saliente comunique a la otra el cambio de la adjudicación de servicios. En todo caso, dicha comunicación deberá producirse con un plazo mínimo de tres días hábiles anteriores al inicio efectivo de la prestación de servicios por parte del nuevo adjudicatario. La falta de entrega en plazo y forma de la documentación establecida en el anexo I facultará a la empresa entrante para exigirle a la saliente la indemnización por los daños y perjuicios que en su incumplimiento le haya podido acarrear”.
Cuarto. Que, consecuentemente con lo expuesto, afirmar, como hace ahora el Ayuntamiento, que la causa de este nuevo atraso reside exclusivamente en la tardanza de ACCIONA en facilitar la documentación requerida constituye un absoluto sinsentido, ya que, como hemos visto, la norma de aplicación regula muy claramente cuál debe ser el procedimiento formal de subrogación que hay que seguir y que se debe hacer en caso de incumplimiento del mismo por la empresa saliente.
Por tanto, si la municipalización no ha tenido lugar aún, ello se debe en parte, ciertamente, a que ACCIONA no ha facilitado aún toda la documentación, pero sobre todo responde a que, como hemos visto, el Ayuntamiento no ha comunicado aún una fecha expresa de asunción del servicio y no termina de poner en marcha, por tanto, todos los mecanismos legales que tiene a su alcance para evitar la actitud dilatoria de la empresa
Quinto. Que, además de un grave error político (cuya causa originaria debe situarse, como ya hemos dicho, bien en la falta de valentía del Ayuntamiento, o bien en algún tipo de oculto interés por atrasar el proceso hasta después del verano, aunque sin querer admitirlo públicamente), este nuevo atraso de la remunicipalización de los módulos conlleva también graves perjuicios funcionales y laborales en relación al funcionamiento normal del servicio de módulos de playas, entre los que podemos citar los siguientes:
- A) Desde el punto de vista funcional: este nuevo atraso supone que se amplía el periodo en que ACCIONA (siendo consciente de que va a perder el servicio haga lo que haga) mantiene, a nuestro juicio, una intencionada actitud de reducir en grado extremo cualquier tipo de gasto, ya sea en materiales de limpieza o productos de reposición. Así, durante la pasada semana, por ejemplo, fueron varios los días en que no se facilitó lejía para limpiar (se lavó casi exclusivamente con agua), y algunas trabajadoras tuvieron que comprar varitas aromáticas para compensar los malos olores que se generaban en los servicios; y, de igual modo, también han sido varios los días en que no ha sido posible reponer en los módulos el papel higiénico de los servicios o el papel de manos de los lavabos. Circunstancias todas estas que, como es obvio, repercuten de forma muy importante sobre todos los ciudadanos/as que hacen uso de los Módulos de Playa y deteriora de forma sensible la imagen externa de nuestras playas.
- B) Y desde un punto de vista laboral: este nuevo atraso supone también que ACCIONA:
- Sigue gastando lo menos posible en cobertura de personal.
- Se niega a conceder derechos reconocidos por acuerdos sindicales internos (por ejemplo, los días de asuntos propios) poniendo como excusa que no sabe cuándo va a finalizar su contrato de servicios con el Ayuntamiento.
- Se niega a entregar los uniformes correspondientes a este año con la misma excusa.
- Y, sobre todo, mantiene en funciones a una Encargada General que desarrolla un estilo de organización del trabajo en los módulos basado en el autoritarismo y la represión contra quienes se atreven a discutir su estilo soberbio y prepotente.
- Que comunique de forma inmediata a ACCIONA una fecha concreta para la remunicipalización del servicio.
- Que esa fecha concreta no supere el 15 de agosto de 2017.
- Y que, de no haber facilitado en esa fecha ACCIONA toda la documentación requerida, se proceda por parte de CADIZ 2000 a asumir de forma inmediata y directa la plena gestión del servicio, así como a emprender contra ACCIONA todas las medidas legales que procedan para repercutir sobre ella cualquier posible perjuicio que de tal atraso pudiera derivarse.
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