El PSOE de Cádiz ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de no desarrollar la campaña informativa previa a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha advertido de que esta situación puede derivar en sanciones a la ciudadanía por falta de información.
El secretario general del PSOE de Cádiz y concejal en el Ayuntamiento, José Ramón Ortega, sostiene que el Gobierno municipal ha incumplido los compromisos adquiridos para poner en marcha una campaña informativa sin sanciones antes de la aplicación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones.
Según explica el PSOE, esta medida fue impulsada por el Grupo Municipal Socialista y aprobada en el pleno municipal de febrero de 2025. Posteriormente, añade, se incorporó a la ordenanza un periodo de seis meses de campaña informativa sin multas, también a propuesta de la formación socialista.
Ortega considera que el equipo de gobierno "ha dejado transcurrir los plazos sin ejecutar la difusión comprometida", lo que, a su juicio, incumple tanto el acuerdo plenario como el contenido de la ordenanza.
El edil socialista afirma que esta situación constituye "una nueva prueba de la desidia y la incapacidad de gestión" del Gobierno municipal y asegura que, pese a las advertencias realizadas por el PSOE, "han dejado pasar el tiempo, y esta falta de planificación la acabará pagando la ciudadanía en forma de multas, por esa falta de información".
Desde el PSOE recuerdan que las cámaras de control del tráfico para la Zona de Bajas Emisiones llevan años instaladas y señalan que el propio Ayuntamiento planteó implantar esta medida durante 2025. Sin embargo, sostienen que el calendario previsto se ha sobrepasado debido a la "inactividad del equipo de gobierno".
Asimismo, José Ramón Ortega plantea que el Ayuntamiento parece tener "más interés en hacer caja con las multas que en evitar las sanciones" mediante una adecuada información a la ciudadanía.
El dirigente socialista sostiene que este episodio se suma, en su opinión, a otros cambios realizados por el Gobierno municipal en materia de movilidad, como las modificaciones en el estacionamiento regulado, que atribuye a la ausencia de planificación y de estudios previos. Por ello, reclama un modelo de movilidad "claro y transparente", así como el cumplimiento de los acuerdos plenarios.
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