La constitución de un grupo promotor para impulsar una consulta popular municipal con la que revertir el proceso de turistificación y reducir el número de viviendas de uso turístico (VUT) en Cádiz ha marcado el inicio de una iniciativa que pretende que la ciudadanía decida sobre el modelo de ciudad y el derecho a la vivienda. El colectivo, presentado el viernes 31 de julio de 2026, plantea como primera medida la retirada de la actividad de las viviendas de uso turístico que incumplen el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

El grupo promotor está integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero. Sus integrantes sostienen que la iniciativa busca "desbordar" la mayoría absoluta del Partido Popular y su política en materia de vivienda para que sean los vecinos quienes marquen el camino a seguir con el objetivo de recuperar el derecho a vivir en la ciudad.

Los promotores justifican la consulta en la situación que atraviesa la vivienda en Cádiz, donde aseguran que miles de personas sufren las consecuencias de la especulación turística y se ven obligadas a abandonar la ciudad, una circunstancia que, afirman, también provoca la pérdida de identidad de sus barrios.

Según explican, aunque el Ayuntamiento ha adoptado medidas para limitar la implantación de nuevas viviendas de uso turístico, en varios barrios del casco histórico la presión ejercida únicamente por este tipo de alojamientos supera el 10 % del parque residencial. A su juicio, frenar nuevas autorizaciones no resuelve el problema porque mantiene una situación que dificulta que los vecinos puedan residir en sus propios barrios mientras continúa aumentando la dificultad para acceder a un alquiler asequible, especialmente en el casco histórico y en el mercado de los alquileres de temporada.

El objetivo de la consulta es evidenciar que existe una mayoría social favorable a revertir el proceso de turistificación y respaldar una modificación de las normas urbanísticas que permita retirar las viviendas de uso turístico que incumplen el PGOU vigente.

El grupo promotor sostiene que esta medida cuenta con precedentes en otros territorios, como Santiago de Compostela y Cataluña, respaldados por la jurisprudencia. A su juicio, esos casos demuestran que es posible revertir procesos de turistificación y recuperar barrios del casco histórico que, según indican, han perdido población residente en los últimos años.

La pregunta que pretenden someter a consulta es: "¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento modifique las normas urbanísticas y someta a licencia urbanística municipal las viviendas de uso turístico, y por tanto, se deban retirar de la actividad aquellas que incumplen con el PGOU vigente?".

Los impulsores de la iniciativa recuerdan que en 2022 el Ayuntamiento aprobó una modificación del PGOU para limitar las viviendas de uso turístico. Sin embargo, durante la tramitación de esa modificación se registraron numerosas viviendas turísticas para eludir las futuras restricciones, una situación que, según exponen, no refleja la finalidad del planeamiento vigente.

También señalan que en 2025 se aprobó inicialmente una nueva modificación del PGOU con mayores restricciones y una moratoria de tres años para este tipo de alojamientos, aunque aseguran que, catorce meses después, no se conocen avances en su tramitación.

Como argumento adicional, citan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan una elevada presión turística en numerosos barrios del centro histórico de Cádiz, con zonas que superan el 11 % del parque residencial destinado a viviendas de uso turístico. Para el grupo promotor, esta situación hace necesario actuar para recuperar la ciudad y favorecer el derecho a la vivienda.

La consulta popular municipal está prevista tanto en el Reglamento de Participación Ciudadana como en la legislación andaluza. Para solicitar su convocatoria será necesario reunir alrededor de 3.000 firmas de personas censadas en Cádiz. Una vez celebrada, el Ayuntamiento deberá debatir el resultado en un pleno extraordinario y adoptar un acuerdo teniendo en cuenta la voluntad expresada por la ciudadanía.

El grupo promotor quedó constituido oficialmente el viernes 31 de julio de 2026. La recogida de firmas comenzará a partir del 15 de septiembre en todos los barrios de Cádiz con el objetivo de lograr el respaldo necesario para solicitar la celebración de la consulta.

Asimismo, el colectivo ha emplazado al alcalde de Cádiz, Bruno García, a asumir esta propuesta dentro de sus competencias y promover directamente la celebración de la consulta popular. En caso de que no lo haga, anuncia que continuará con el proceso de recogida de firmas para ejercer el derecho recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana y en la legislación andaluza hasta lograr que la consulta llegue a celebrarse.

Los promotores concluyen que consideran que ha llegado el momento de que el futuro de Cádiz y las decisiones sobre el derecho a la vivienda sean tomadas por quienes viven en la ciudad.

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