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La llegada de Uber y Cabify a El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera no inquieta al Ayuntamiento de Cádiz ni a su alcalde, Bruno García. El regidor ha querido dejar clara la postura del consistorio ante la expansión de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la provincia, reafirmando su respaldo al servicio de taxi de la ciudad con un mensaje directo: "Nosotros, taxi de Cádiz".

La irrupción de estos servicios en dos municipios cercanos se produce en un momento de elevada demanda de desplazamientos debido a la presencia de turistas. Aunque operan bajo las limitaciones establecidas por la normativa de la Junta de Andalucía, existe cierta incertidumbre sobre cómo será la convivencia entre ambos modelos y qué impacto tendrá en el mercado.

En este contexto, Bruno García, también presidente provincial del Partido Popular, recordó que el Ayuntamiento está trabajando en distintas medidas para reforzar el servicio de taxi en Cádiz.

Uno de los proyectos más avanzados es la construcción de una nueva nave para el sector. El cambio de instalaciones busca mejorar las condiciones de los profesionales y ofrecer una imagen más moderna y de mayor calidad.

El alcalde también confirmó que el Ayuntamiento impulsa la ampliación de las tarifas del servicio. Según explicó, "los precios permanecen congelados desde 2023", admitiendo que "las tarifas del taxi en Cádiz están por debajo de las de otras ciudades españolas".

Otra línea de actuación se desarrolla junto a la asociación de Radio Taxi para aumentar la disponibilidad de vehículos, especialmente en jornadas de gran actividad, cuando los usuarios encuentran más dificultades para acceder al servicio. Para ello, ya se han aprobado modificaciones en los turnos y descansos de los taxistas.

Bruno García concluyó reiterando el respaldo municipal al sector al afirmar que "por supuesto, el servicio de taxi queremos que lo den los taxistas de nuestra ciudad".

No obstante, la postura expresada por el alcalde constituye una declaración de apoyo al sector del taxi y no implica que el Ayuntamiento pueda impedir la implantación de servicios VTC en la ciudad. La regulación de este tipo de transporte corresponde a la Junta de Andalucía, por lo que empresas como Uber o Cabify pueden operar siempre que dispongan de las autorizaciones exigidas y cumplan la normativa vigente.

 


 

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