Adelante Izquierda Gaditana ha acusado al Obispado de Cádiz y Ceuta de actuar "como un fondo buitre" con las familias residentes en la finca de plaza Viudas, 32, después de que dos de ellas hayan recibido la comunicación de que no se renovarán sus contratos de alquiler. La formación también reclama al alcalde de Cádiz, Bruno García, una mayor implicación para evitar que los vecinos pierdan sus viviendas.

La portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, y el concejal David de la Cruz visitaron de nuevo a las cinco familias que residen en el inmueble para conocer la situación de las dos afectadas por la decisión de la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta.

Según la formación, ambas familias se encuentran al corriente del pago de sus alquileres y entre las personas afectadas figuran una mujer mayor, otra con un 78% de discapacidad y dos menores de edad.

Helena Fernández mostró su rechazo a la decisión y sostuvo que la Iglesia "no puede predicar solidaridad y justicia social mientras deja en la calle a familias que cumplen con sus obligaciones y que únicamente quieren seguir viviendo en sus hogares". Además, criticó que una institución que, según indicó, disfruta de beneficios fiscales utilice su patrimonio inmobiliario para no renovar estos contratos.

Por su parte, David de la Cruz lamentó la falta de información pública sobre el patrimonio inmobiliario del Obispado en Cádiz y defendió que las familias afectadas no han incumplido sus obligaciones como inquilinas, por lo que atribuyó la situación exclusivamente a la decisión de la propiedad de no renovar los contratos.

El concejal también criticó la actuación del alcalde, Bruno García, tras la visita que realizó el pasado viernes al edificio. Según afirmó, la única alternativa planteada a los vecinos fue el traslado a un albergue, sin informarles, a su juicio, de los recursos de Procasa ni derivarlos a los Servicios Sociales municipales.

Adelante Izquierda Gaditana considera que el Ayuntamiento debería mantener una reunión con el Obispado de Cádiz y Ceuta para solicitar la paralización de la no renovación de los contratos y evitar que las familias abandonen sus viviendas.

La formación recuerda además que, según indica, informes de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento concluyen que el edificio necesita actuaciones de conservación y mantenimiento, aunque no presenta una situación de peligro que justifique el desalojo de sus residentes.

David de la Cruz añadió que, si finalmente no fuera posible evitar la pérdida de estas viviendas, el Gobierno municipal debería ofrecer una alternativa habitacional "digna y estable" adaptada a las circunstancias de las familias afectadas.

Adelante Izquierda Gaditana reclama tanto al Obispado de Cádiz y Ceuta como al Ayuntamiento una solución que permita la permanencia de las familias en sus viviendas o, en su defecto, una alternativa habitacional adecuada.

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