La celebración del Orgullo LGTBIQ+ en Cádiz ha terminado marcada por una fuerte polémica interna después de que la Comisión 28J de Cádiz haya denunciado públicamente lo que considera un boicot sufrido durante la manifestación del pasado sábado 4 de julio. La entidad organizadora ha difundido un comunicado de tono muy duro en el que acusa a integrantes de Colectiva feminista Jarana de haber protagonizado una serie de actuaciones que, según sostiene, cruzaron “todas las líneas rojas del respeto”.
El texto, titulado “Lamentables hechos ocurridos el pasado 4 de julio en Cádiz”, recoge la indignación de la Comisión 28J por lo sucedido durante una movilización que, según recuerda, requiere meses de trabajo comunitario. La organización lamenta especialmente que el conflicto se haya producido con personas a las que durante años consideraron aliadas dentro del movimiento.
En el arranque del comunicado, la Comisión 28J expresa su rechazo frontal a lo ocurrido y sitúa el episodio en un contexto de ruptura con sectores que, a su juicio, han antepuesto prejuicios, bulos e intereses partidistas a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIAQ+. En palabras del propio comunicado, “desde la Comisión 28J de Cádiz, expresamos nuestra más profunda indignación y condena ante el boicot sufrido el pasado sábado día 4 durante nuestra manifestación. Es doloroso comprobar cómo quienes durante años consideramos aliades, integrantes de Colectiva Jarana, han decidido ejecutar un acto tan cobarde contra un evento que requiere meses de esfuerzo comunitario, y la adhesión, enmascarada de silencio, y no participación, de organizaciones políticas y otras entidades y asociaciones, anteponiendo prejuicios, dejándose llevar por bulos y mentiras, e intereses partidistas, a la defensa de los derechos del colectivo LGTBIAQ+. Es aquí, y en estos momentos, donde se ve el verdadero compromiso”.
La Comisión no interpreta lo ocurrido como una mera diferencia ideológica ni como una discrepancia dentro del activismo. En su comunicado habla de ataques sistemáticos, de una agresión verbal y psicológica, y de una campaña de difamación basada, según su versión, en la difusión de informaciones falsas. Así lo expresa al señalar que “lo ocurrido no fue una discrepancia política, sino una serie de ataques sistemáticos que han cruzado todas las líneas rojas del respeto. Denunciamos públicamente que, además del boicot, hemos sufrido una grave agresión verbal y psicológica por parte de la ‘Colectiva Jarana’, acompañada de la difusión de bulos malintencionados con el fin de difamarnos”.
Uno de los puntos centrales del comunicado es la acusación de falta de coherencia contra Colectiva Jarana. La Comisión 28J sostiene que esta organización se atribuye la capacidad de decidir qué formas de identidad o expresión LGTBIAQ+ son válidas y cuáles no. Para la Comisión, esa actitud reproduce precisamente dinámicas de intolerancia que el propio movimiento debería combatir. En este sentido, afirma que “queremos poner el foco en la crueldad de lo vivido. Resulta especialmente reveladora la total falta de coherencia de ‘Colectiva Jarana’, quienes se arrogan el derecho de establecer líneas rojas y cómo debe ser una persona LGTBIAQ+, para ser considerada como tal, cayendo irremediablemente en todo aquello que denuncian, que no es más que el fascismo, la intolerancia y el odio”.
El comunicado eleva el tono al señalar que, con esa actuación, se estaría poniendo en el punto de mira a personas del colectivo que participan activamente en la defensa de los derechos LGTBIAQ+. La Comisión denuncia que estos comportamientos generan miedo y contribuyen a crear espacios inseguros en Cádiz, en una ciudad donde reivindican el derecho a vivir en paz y libertad. Según recoge el texto, “actuando de esta forma, no hacen más que señalar, y poner en la diana a personas del colectivo que ponen sus cuerpos y toda su experiencia al servicio de una causa que debería ser común, la lucha por los derechos del colectivo de personas LGTBIAQ+. Están intentando crear, al igual que la ultraderecha, espacios inseguros, y a, su vez, restaurar el miedo en las personas que conformamos el colectivo, y a no poder vivir en paz y libertad en la ciudad de Cádiz”.
Según la Comisión 28J, el origen del enfrentamiento estaría relacionado con la aparición de la bandera constitucional española en un cartel vinculado al Orgullo. El comunicado explica que la polémica se habría generado por el uso de una bandera que, según la Comisión, ha sido apropiada por sectores de derecha y ultraderecha, pero que en la actualidad representa a toda la ciudadanía residente en España. En este punto, la organización sostiene que “todo [se ha generado] por la aparición de la bandera constitucional española, de la que se han apropiado grupos de derecha y ultraderecha, obviando que, en la actualidad, esa bandera representa a toda la ciudadanía que reside en España”.
La entidad defiende que el cartel incluía a personas de diferentes condiciones, racializadas y no racializadas, portando una bandera que combinaba los colores de la bandera española con los del colectivo LGTBIAQ+. Para la Comisión, resulta incomprensible que esa imagen haya derivado en una reacción de rechazo hacia quienes forman parte de la organización. En este sentido, añade que “es, cuanto menos curioso, que un simple cartel, con el que puedes estar de acuerdo o no, te puede gustar más o menos, pero donde aparecen personas de toda condición, racializadas o no, portando una bandera que combina los colores de la bandera española con la del colectivo LGTBIAQ+, genere ese odio hacia las personas que conformamos la Comisión 28J, poniéndonos en el disparadero de posibles acciones violentas, que ya hemos sufrido tanto desde la ultraderecha, como ahora, desde fuego amigo, supuestamente”.
La referencia al “fuego amigo” resume una de las ideas más repetidas en el comunicado: la Comisión 28J se siente atacada no solo por sectores tradicionalmente contrarios a los derechos LGTBIQ+, sino también por personas y colectivos que, en teoría, deberían compartir la misma causa. Ese elemento aumenta el malestar de la organización, que considera que se ha producido una fractura interna en un momento en el que la unidad del movimiento sería especialmente necesaria.
El comunicado también acusa a Colectiva Jarana de mantener alianzas con entidades que la Comisión define como abiertamente contrarias a los derechos de las personas trans. En ese punto, la Comisión habla de hipocresía, falta de empatía y ausencia de respeto hacia las personas LGTBIAQ+, al afirmar que “resulta paradójico que esta colectiva ejecute estas prácticas mientras mantienen alianzas con entidades abiertamente contrarias a los derechos de las personas trans. Denunciamos su hipocresía y su falta total de empatía, solidaridad y respeto, para con las personas LGTBIAQ+”.
Frente a esa situación, la Comisión 28J reafirma su compromiso con una defensa amplia de los derechos humanos, sin distinciones, etiquetas ni exclusiones. La organización insiste en que su trabajo no necesita ser validado de nuevo porque, según afirma, la libertad forma parte de su identidad y de su trayectoria como colectivo. Así lo expresa al señalar que “desde la Comisión 28J reafirmamos nuestra postura: defendemos los derechos de todas las personas sin distinción, sin etiquetas y sin exclusiones, y seguiremos apoyando todas aquellas acciones encaminadas a la protección y defensa de los derechos humanos. No estamos en la obligación de reafirmar nuestro compromiso con la Libertad, porque ya forma parte de nuestro ADN, y nuestras acciones nos avalan, tanto como colectivo, como a nivel individual de cada miembro de la Comisión 28J”.
La organización lamenta que, a su juicio, unas pocas personas estén intentando fracturar al colectivo LGTBIAQ+ y enfrentarlo con asociaciones, organizaciones, partidos políticos y otras entidades. En el comunicado, la Comisión sostiene que este tipo de divisiones solo favorecen a posiciones fascistas e ideologías extremas, al considerar que “es triste y descorazonador, observar como unas pocas, poquísimas personas, son capaces de intentar resquebrajar, dividir, y enfrentar al colectivo de personas LGTBIAQ+, contra organizaciones, asociaciones, partidos políticos y entidades, con tal de lograr fines espurios que, obviamente, solo benefician a los fascistas, e ideologías afines y extremas”.
El cierre del comunicado está dirigido directamente al colectivo LGTBIQ+ de Cádiz. La Comisión 28J asegura que no se dejará intimidar por quienes, según denuncia, pretenden debilitar el movimiento mediante el acoso, los bulos o la presión. Además, anuncia que está estudiando posibles medidas, incluidas acciones judiciales, contra las personas que, según su versión, amenazaron e insultaron a integrantes de la organización. En este sentido, concluye que “al colectivo LGTBIQ+ de Cádiz le decimos: somos fuertes y no nos amedrentaremos ante quienes intentan debilitarnos mediante la intimidación, los bulos o el acoso. Nuestra lucha es legítima y seguirá adelante, sin importar los intentos de boicot de quienes han olvidado que la base de todo movimiento social es la humanidad y el respeto. Estamos valorando la posibilidad de tomar todas aquellas medidas que consideremos oportunas, incluyendo las judiciales, ante las personas que nos amenazaron e insultaron. Si tocan a une, nos tocan a todes”.
La manifestación del Orgullo en Cádiz, concebida como una jornada reivindicativa y festiva en defensa de los derechos LGTBIQ+, ha terminado así en un escenario de fuerte tensión interna. La Comisión 28J presenta lo ocurrido como un ataque organizado contra la marcha y contra las personas que participaron en su preparación, mientras que el comunicado deja abierta la posibilidad de que el conflicto derive en medidas legales.
Por el momento, el texto difundido por la Comisión 28J recoge únicamente su versión de los hechos y no incorpora una respuesta de Colectiva Jarana ni de las organizaciones políticas, entidades o asociaciones aludidas.
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