La falta de personal en el Ayuntamiento de Cádiz está provocando, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), perjuicios tanto para los empleados municipales como para la prestación de los servicios públicos. El sindicato ha hecho pública una nueva queja en la que señala que la ausencia de cobertura de vacantes estructurales está derivando en situaciones que afectan directamente a los derechos laborales de la plantilla.
La sección sindical de CSIF explica que la Delegación de Personal ha rechazado recientemente la solicitud de un trabajador municipal que pretendía acogerse a una excedencia voluntaria por interés particular durante tres años. Según el sindicato, la respuesta del Ayuntamiento justifica la negativa precisamente por la falta de personal existente en el servicio donde trabaja este empleado, al considerar que la concesión de la excedencia agravaría aún más el déficit de efectivos.
Para CSIF, esta decisión supone una vulneración de derechos. El sindicato sostiene que “la limitación injustificada de este derecho supone una aplicación restrictiva contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica”. Además, considera que el caso evidencia problemas estructurales de planificación en la administración municipal.
La organización sindical afirma que esta situación es “un ejemplo claro de la incapacidad del Gobierno local para mantener las plantillas con el personal suficiente y adecuado”. En este sentido, añade que “no se puede vulnerar un derecho laboral, reconocido en la legislación vigente, de manera sistemática por la mala planificación y organización del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento a la hora de cubrir las vacantes estructurales”.
CSIF denuncia además una supuesta desigualdad de trato entre distintos empleados municipales. Según expone la sección sindical, “mientras a la plantilla base se le deniegan sus derechos alegando una asfixia de personal que el propio Ayuntamiento provoca, la administración aplica una doble vara de medir según el rango del empleado”.
Como ejemplo de esta situación, el sindicato asegura que recientemente un superior jerárquico perteneciente al mismo servicio afectado obtuvo “de forma exprés” una comisión de servicios para incorporarse a un puesto de gerencia en una empresa pública municipal.
Para CSIF, esta circunstancia constituye una “arbitrariedad elitista”. El sindicato considera que existe una contradicción evidente al impedir que un trabajador ejerza un derecho reconocido legalmente alegando falta de personal mientras, al mismo tiempo, se facilita la salida de un responsable hacia un puesto directivo.
“Resulta inadmisible y contradictorio que falte personal para que un trabajador ejerza su derecho a la excedencia, pero sí haya margen de maniobra y facilidades para promocionar a dedo a un alto cargo hacia un puesto directivo”, subraya la organización sindical en su comunicado.
La sección sindical sostiene además que esta situación demuestra que “las necesidades del servicio son una excusa utilizada de manera discrecional: severidad con el trabajador de a pie y alfombra roja para la élite de la administración”.
Más allá del caso concreto denunciado, CSIF insiste en que la falta de personal es una realidad que afecta a numerosos departamentos municipales. Según indica, esta situación está obligando a muchos trabajadores a asumir funciones adicionales para poder mantener la prestación de los servicios públicos.
El sindicato advierte de que la escasez de efectivos genera una sobrecarga de trabajo entre los empleados disponibles, que deben asumir tareas correspondientes a otros puestos vacantes para garantizar la atención a la ciudadanía.
Por todo ello, CSIF reclama al Ayuntamiento de Cádiz que adopte medidas para corregir la falta de personal existente. La organización exige que se cubran las vacantes necesarias para evitar que se sigan produciendo situaciones que, a su juicio, perjudican tanto a los trabajadores como a los ciudadanos.
Finalmente, la central sindical pide al Gobierno municipal que asuma sus responsabilidades y garantice el respeto a los derechos de los empleados públicos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, evitando que la falta de efectivos siga utilizándose como argumento para limitar el ejercicio de derechos laborales reconocidos legalmente.
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