El sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía ha denunciado la situación “nefasta” que atraviesa el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz y ha exigido al Gobierno andaluz que autorice la ampliación de plantilla ante la inminente incorporación de nuevas competencias judiciales. Según el sindicato, el aumento de la carga de trabajo será “inasumible en las condiciones actuales” si no se adoptan medidas inmediatas.
El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cádiz, a través del SAJA de CCOO, ha explicado que el juzgado “estaba atendido por un solo magistrado y con la misma plantilla que consta en dicho juzgado, ya colapsado con los asuntos de violencia sobre la mujer a los que se unirá ahora la instrucción de todos los delitos de violencia sexual, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer”.
Desde el sindicato se advierte de que esta ampliación de competencias, prevista para finales de año, supondrá “un incremento de la carga de trabajo de más de un 30% y que es inasumible por este juzgado en las condiciones actuales”.
CCOO recuerda que “pese a que sí se contempla la creación de un magistrado juez y un fiscal para Cádiz —juzgado comarcalizado que lleva la competencia de la ciudad de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, a partir del 31 de diciembre de 2025—, no se ha producido en ningún caso el correspondiente incremento de plazas de personal funcionario y sólo añade una plaza más, de un funcionario, que se quita de otro órgano judicial el día 31 de diciembre de 2025”.
El sindicato ha dirigido sus reclamaciones tanto a la Consejería de Justicia, Administración Pública y Administración Local como al Ministerio de Justicia, exigiendo soluciones “a los problemas que ya están dándose en estos juzgados, con unas pésimas condiciones laborales, retributivas y de salud laboral reiteradamente denunciadas, y que se agravarán a partir de ahora, poniendo en riesgo la prestación del servicio a las mujeres víctimas de violencia machista pero también a las nuevas víctimas de los delitos sexuales a los que tendrán que enfrentarse”.
CCOO advierte además que “la materia exige una dedicación distinta por ser de especial sensibilidad y atención”, y subraya la urgencia de medidas concretas para evitar el colapso. En este sentido, el sindicato “insta a la Consejería de Justicia a que no mire para otro lado y que defienda ante el Ministerio de Justicia y ante el Consejo General del Poder Judicial la adopción de medidas que palíen dichas consecuencias y que pueden ser adoptadas con carácter extraordinario, si todos remamos en la misma dirección: incremento de plantilla, prolongaciones de jornadas…”.
La organización sindical ha criticado duramente que “no se puede implantar a coste cero unas modificaciones en la organización judicial, pensando que así quizás la prestación del servicio público de Justicia hacia la ciudadanía será más eficiente, lo que es una absoluta falacia”.
Finalmente, CCOO ha reiterado su compromiso en la defensa del personal judicial y de las víctimas, afirmando que “seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, los cuales son necesarios para luchar contra la violencia machista, así como la conciliación familiar y el descanso de los trabajadores de dichos servicios”.
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