El Gobierno ha autorizado la licitación de un contrato por 33,7 millones de euros para ejecutar labores de conservación y explotación en los accesos a Cádiz capital a través de los puentes de la Constitución de 1812 y de Carranza, situados en las carreteras CA-35 y CA-36 respectivamente. Esta intervención se enmarca en el programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y contempla una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por dos años adicionales y una prórroga extra de hasta nueve meses.
El contrato abarca el mantenimiento y conservación de 12,5 kilómetros de carreteras en el sector número 03 de la provincia de Cádiz, de los cuales aproximadamente 9 kilómetros corresponden a tramos de autovía. En concreto, incluye 7 kilómetros de la CA-35, que engloba el Puente de la Constitución de 1812, y 5,5 kilómetros de la CA-36, que comprende el Puente de Carranza.
Entre las actuaciones previstas figuran la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones, y el mantenimiento de instalaciones. También se ejecutará una intervención específica de rehabilitación del firme en la carretera CA-35, entre los kilómetros 0 y 1,900, en ambas calzadas, en la zona del Puente de la Constitución de 1812.
El modelo de contrato mixto de servicios y obra adoptado busca garantizar la accesibilidad y seguridad de la infraestructura mediante un enfoque integral de movilidad. Incluye trabajos de conservación ordinaria, ayuda a la vialidad, agenda de información del estado de las vías, programación de actuaciones, estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera bajo estándares de calidad.
Además, los pliegos incorporan medidas para fomentar la eficiencia energética y reducir las emisiones asociadas a la actividad de la Dirección General de Carreteras. Entre estas medidas se encuentra la obligación de que las empresas licitadoras presenten el cálculo de la huella de carbono de sus operaciones y un compromiso de descarbonización.
Las condiciones del contrato obligan a la empresa adjudicataria a presentar, en los primeros seis meses, un plan de descarbonización con el objetivo de lograr un balance neutro de carbono en el plazo de cinco años desde el inicio del contrato. Las opciones de compensación contempladas incluyen proyectos de absorción registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras fórmulas permitidas.
Esta estrategia forma parte del objetivo global de reducir las 71.640 toneladas de dióxido de carbono que, según estimaciones de la Dirección General de Carreteras, generan anualmente las labores de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Asimismo, la iniciativa refuerza el alineamiento del Ministerio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9, 11, 8 y 7, que promueven infraestructuras sostenibles, transporte accesible, crecimiento económico y eficiencia energética respectivamente.
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