La paralización del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones en Cádiz capital ha sido denunciada por IU Cádiz ciudad, que ha acusado al Partido Popular de bloquear su puesta en marcha por “puro sectarismo”. Según la formación de izquierdas, esta decisión no solo obstaculiza iniciativas destinadas a mejorar la sostenibilidad y la accesibilidad urbana, sino que también provocará consecuencias económicas para el Ayuntamiento.
IU Cádiz ciudad ha señalado que el Partido Popular ha “metido en el cajón” tanto el proyecto como la propuesta de Ordenanza para la Zona de Bajas Emisiones, heredada del anterior mandato. Consideran que esta medida responde al “negacionismo” de las políticas de movilidad sostenibles que el Partido Popular ha venido ejerciendo desde la oposición, centrando su estrategia en favorecer el uso del coche. A juicio de la formación, esta visión de ciudad ha derivado en el actual bloqueo al cumplimiento de la Ley de Transición Ecológica, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implementar una Zona de Bajas Emisiones.
Desde IU Cádiz ciudad han advertido que el actual equipo de gobierno estaría dispuesto a “saltarse la ley” para mantener sus posiciones contrarias a la movilidad sostenible. Han recordado que el proyecto ya estaba definido en el anterior mandato y contaba con financiación asegurada. Además, fue señalado como referente por el Ministerio de Transición Ecológica por su diseño y ambición.
La formación ha afirmado que este bloqueo acarreará consecuencias económicas, ya que el incumplimiento de plazos podría implicar la devolución de subvenciones y sanciones. Han mencionado que el Ayuntamiento ya tuvo que devolver más de un millón de euros por rechazar el sistema de alquiler de bicicletas y por no ejecutar el proyecto de mejora de accesibilidad en las paradas de autobús. Si la Zona de Bajas Emisiones no se activa en tiempo, se sumaría otra devolución cercana a los dos millones de euros.
IU Cádiz ciudad también ha advertido que esta situación podría suponer la pérdida de futuras subvenciones y transferencias, como la destinada al transporte urbano, si no se pone en marcha el proyecto. Según concluyen desde la formación, el Partido Popular ha relegado la movilidad sostenible y la accesibilidad a la categoría de “derechos de segunda”.
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